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Por 22 años, un sindicato siguió funcionando a pesar de haber sido declarado en quiebra por la justicia laboral, que ordenó además su baja del registro de asociaciones sindicales: el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA).

La quiebra fue decretada el 30 de abril de 1998, según consta en los autos caratulados “Sindicato Unidos Portuarios Argentinos puerto capital y Dock Sud s/ Quiebra”.

El SUPA es el gremio portuario que copó las instalaciones de Terminal 4 a la fuerza el sábado último y paralizó las actividades en el Puerto Buenos Aires y Exolgan hasta la noche del lunes pasado. Luego de la mediación de la Administración General de Puertos (AGP), levantaron el lunes a última hora las medidas y se entró en una tregua hasta la reunión de mañana miércoles en el Ministerio de Trabajo.

Política y judicial

La Argentina “política y judicial” a pleno, permitió que por dos décadas el gremio pudiera continuar representando a trabajadores y negociando convenios en nombre de ellos.

No obstante, en noviembre de 2018, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial (sala “A”) de la Capital Federal ordenó arbitrar las medidas para intervenir el sindicato y cancelar tanto su personería gremial como su baja del registro de asociaciones sindicales en el Ministerio de Trabajo. 

La justicia comercial delegó en la cartera laboral cesar la personería gremial, de acuerdo con los términos del artículo 56 ley 23.551, la ley de asociaciones sindicales.

“Por la ley de concursos y quiebras, y tras el decreto de la quiebra, el sindicato pierde la posibilidad de reincorporarse como tal, es imposible que sea rehabilitado”, explicó un abogado especializado en derecho laboral.

Esto explica por qué, cuando en 2019 el SUPA pagó toda la deuda establecida en la quiebra, lo que logró fue cesar los efectos de la misma. No recupera su condición jurídica con el pago.

Sin intervención

No obstante, el Ministerio de Trabajo durante el Gobierno de Mauricio Macri no intervino, el sindicato no respondió “mandas judiciales” y todo siguió el curso “normal”.

Es decir, no se anotó la sentencia de cancelación de la personería gremial en el registro de asociaciones sindicales. 

En febrero de este año, con la nueva administración, el Ministerio de Trabajo tomó el oficio judicial vigente y determinó que el SUPA se abstuviera de invocar personería jurídica. 

Entonces, si bien la quiebra está firme, lo que falta es el trámite judicial (que enfrenta a la justicia comercial con la laboral) de cancelación de la personería gremial del SUPA, así como la designación del interventor por parte del Ministerio de Trabajo. 

¿Cómo quedan los trabajadores afiliados al SUPA? En lo que compete a sus intereses y representación, más allá del SUPA, sus actividades están contempladas en el convenio colectivo de trabajo 441. “Cualquier representación gremial con mandato en dicho convenio, inscripto en esa actividad y con competencia territorial puede representarlos, o bien por un sindicato con simple inscripción pero sin personería otorgada”, explicó el abogado laboralista.

Sin habilitación

¿Y las empresas? ¿Cómo se relacionan con un gremio sin personería? “El derecho laboral es de orden público, y para hacer un acuerdo o lo hacés de manera privada o ante el Ministerio de Trabajo que lo homologa. En este caso, cuando se firma un acuerdo con el SUPA y se pretende ir al Ministerio a homologar, la cartera laboral lo primero que hace es verificar en sus registros si el sindicato está habilitado”.

Hasta diciembre de 2019, el acuerdo entre el SUPA y las empresas se presentó ante el Ministerio de Trabajo. Homologó todos los acuerdos, a pesar de que tenía un mandato de darlo de baja del registro e intervenirlo, por la quiebra decretada.

“Esto recién se detecta ahora. Hoy no hay un sindicato SUPA para negociar”, advierten abogados que asesoran a las terminales portuarias.

Larga data

¿Qué pasa cuando se presenta un conflicto como el latente? Por tratarse de un tema individual, y no de un sindicato (porque se trata de trabajadores individuales ante la justicia laboral), el Ministerio no puede intervenir. Lo hará, sin embargo, informalmente. Políticamente.

“Es un problema de larga data ya. Si bien hay un convenio que ampara a los trabajadores del SUPA (el 441), el gremio siempre negoció en paralelo sin reconocer los convenios por las categorías que son del convenio. La Federación puede representarlos y, de hecho, se dan situaciones donde hay trabajadores guincheros que están en el SUPA y otros que están en el Sindicato de Guincheros: es la misma actividad, cobran el mismo sueldo, pero están en gremios distintos. Sin situaciones residuales”, explicaron desde el departamento de Recursos Humanos de una empresa portuaria.

El caso del SUPA es un nuevo ejemplo para desentrañar si realmente un gremio es una figura política, un factor de presión, o una institución que representa los derechos de los trabajadores frente a las empresas, y sólo eso. Si fuera el segundo caso, los estibadores no quedan huérfanos. En el primero, pierden la figura del SUPA tal como se conoció hasta ahora.

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