La Secretaría de Industria y Comercio oficializó la resolución 271/2025, una norma que, más allá del tono técnico-administrativo típico, marca un punto de inflexión en el sistema argentino de homologación vehicular.
Lo que se anuncia como una “simplificación” no es solo un cambio de papeles: es, en los hechos, un reordenamiento integral de un proceso clave para la circulación legal de vehículos —nacionales e importados— y, por extensión, para el comercio exterior, la logística y la competitividad industrial.
En el centro de la norma está la famosa Licencia de Configuración de Modelo (LCM), ese instrumento imprescindible que acredita que un vehículo (o un acoplado, o un semiacoplado) cumple con los requisitos de seguridad activa y pasiva exigidos por la ley de tránsito 24.449 y su decreto reglamentario.
Ordenamiento
El nuevo esquema no solo actualiza procedimientos: deroga más de 25 resoluciones previas, muchas de ellas superpuestas, desfasadas o redactadas para contextos que ya no existen. En su lugar, se propone un sistema más claro, más ordenado y, sobre todo, más operativo.
Los puntos centrales, en concreto:
Desburocratización real (o prometida): A partir de ahora, la LCM podrá ser emitida indistintamente por la Subsecretaría de Gestión Productiva o la Dirección Nacional competente. Se abre además la puerta a que organismos técnicos públicos, privados o mixtos acreditados —y no solo estatales— participen en el proceso. Es una señal de apertura hacia un modelo más descentralizado, aunque con trazabilidad técnica.
Reconocimiento de homologaciones extranjeras: Se habilita el uso directo de certificaciones emitidas por organismos reconocidos por la ONU (TRANS/WP29/343) o por autoridades europeas, sin necesidad de repetir ensayos locales. Esto incluye la posibilidad de gestionar una Constancia de Validación de Homologación Extranjera (CVHE), evitando redundancias técnicas y reduciendo costos.
Diferenciación entre cambios administrativos y técnicos: La norma introduce una distinción clave entre lo que es una mera actualización de datos y lo que implica un cambio estructural en la configuración del vehículo. Parece menor, pero no lo es: evita rehacer trámites innecesarios y permite a la autoridad concentrarse en lo verdaderamente relevante.
Laboratorios habilitados y transparencia de ensayos: Se detalla qué laboratorios pueden emitir reportes: OAA, Red INTI, ISO 17025, incluso plantas industriales certificadas por estándares internacionales. También se reconocen ensayos emitidos en el exterior, bajo ciertas condiciones, con posibilidad de validación por parte del INTI.
Nueva tabla de aranceles, con fórmula de actualización automática: Los trámites ahora tendrán un costo claro, expresado en Unidades Retributivas (UR). Se eliminan así los márgenes de discrecionalidad y se establece una pauta previsible, especialmente útil para importadores.
Régimen especial para Tierra del Fuego y uso particular: Se prevé la extensión automática de LCMs a concesionarios oficiales en la provincia, y también se habilita a los particulares a importar un vehículo por año sin requerir nueva homologación, si el modelo ya cuenta con una LCM o CVHE. Eso sí: con restricción de reventa por dos años.
Impacto en el comex
En el entramado técnico del comercio exterior argentino, pocas cosas son tan críticas —y a la vez tan invisibles— como la homologación de vehículos. Una LCM mal gestionada retrasa operaciones, encarece costos, y puede inmovilizar unidades enteras por semanas. Con esta resolución, el Estado busca dar respuesta a un reclamo largamente instalado: ordenar lo disperso, digitalizar lo manual y acortar plazos sin relajar controles.
La norma va en la dirección correcta, en línea con el espíritu de los tiempos que marca la Administración Milei, pero su eficacia dependerá de la capacidad del sistema para sostenerla: organismos técnicos con recursos, INTI operativo, canales de consulta fluidos y un compromiso real con la simplificación. Porque si los tiempos no se acortan, o si la validación internacional termina trabada en revisiones infinitas, el espíritu de la norma se diluirá en la letra chica.
Para fabricantes, importadores y operadores logísticos, la resolución 271/2025 ofrece algo más que una promesa. Es una oportunidad para operar con reglas más claras, con menor carga administrativa y, potencialmente, con menos incertidumbre.
Y en un país donde las normas cambian más rápido que los sistemas que las aplican, eso —ya de por sí— no es poco.
