Después de meses de tensión diplomática, reclamos cruzados por deudas pendientes y visiones contrapuestas sobre la gestión de la vía navegable, finalmente llegó la calma política al Río de la Plata.
Según confirmó el medio uruguayo El Observador, los gobiernos de Argentina y Uruguay alcanzaron un acuerdo definitivo para garantizar el dragado y mantenimiento del canal Martín García, una arteria vital para la logística granelera de la región.
El entendimiento binacional, sellado en el ámbito de la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP), pone fin a una etapa de incertidumbre que tenía en vilo a los operadores portuarios, especialmente a los que dependen de la conectividad de terminales como Nueva Palmira.
Licitación en marcha
El acuerdo habilita el llamado inmediato a una licitación internacional para asegurar la profundidad operativa del canal, entre el kilómetro 39 (Barra del Farallón) y el kilómetro 0 del río Uruguay. Las empresas interesadas tendrán tiempo hasta el próximo 16 de marzo para presentar sus ofertas.
El pliego de bases y condiciones se fijó con un valor de 50.000 dólares, y se exigirá a los oferentes una garantía de mantenimiento de oferta de 1 millón de dólares, una barrera de entrada que busca filtrar a jugadores sin espalda financiera para una obra de esta magnitud.
El fin del conflicto
La noticia llega como un bálsamo tras varios “choques” bilaterales. La relación en la CARP se había tensado: mientras la Argentina reclamaba avanzar en una nueva licitación, Uruguay inicialmente planteaba la prórroga del contrato vigente (con el consorcio Boskalis-Dredging International) por razones de costos y estabilidad operativa. A esto se sumaban reclamos de Montevideo por pagos atrasados de la parte argentina para el mantenimiento del canal.
Sin embargo, se impuso la razón pragmática y el nuevo esquema acordado busca recuperar las condiciones de diseño del canal -históricamente dragado a 34 pies en fondos blandos y 38 pies en fondos duros- asegurando que la vía siga siendo una alternativa competitiva frente al Canal Emilio Mitre para la salida de la cosecha al Atlántico.
Con este paso, ambas cancillerías parecen haber decidido blindar la infraestructura logística de los vaivenes políticos, entendiendo que, en un mercado de fletes deprimido, cualquier metro menos de calado se paga directo en la tarifa.
