Mientras para la industria naviera mundial es un gran desafío cumplir con las metas de descarbonización de sus operaciones, para los cargadores la preocupación será quién pagará los costos de instrumentación de todo este proceso.

Los importadores y exportadores de todo el mundo saben cómo deben absorber los nuevos costos asociados de transformaciones y cambios tecnológicos, como la adopción de combustibles más limpios.

Y la preocupación crece en la medida en que los conflictos bélicos presionan el precio del petróleo, por un lado, y la Organización Marítima Internacional (OMI) apura la adopción de combustibles “bajos en azufre” (Vlsfo, en inglés) para reemplazar paulatinamente el bunker (IFO380, o combustible marítimo), de acuerdo con su su norma IMO2020, que contempla un límite de azufre en los combustibles usados en la navegación comercial.

Por tal motivo, el Foro Mundial de Cargadores (GSF, en inglés), advirtió sobre nuevas medidas, como un “impuesto al carbono” y su seguro impacto en los fletes, luego de un 2021 con valores récord y ganancias millonarias para las líneas marítimas.

Nuevo impuesto

“Tras una década de esfuerzos para llegar al acuerdo IMO 2023, que entrará en vigencia el próximo año, el Comité de Protección del Medio Ambiente Marino (MEPC) de la OMI  discutirá ahora una nueva propuesta presentada por la industria naviera para introducir un impuesto al carbono sobre el combustible búnker. Esto tiene como objetivo incentivar un cambio a opciones de combustible con menor emisión de carbono y eventualmente podría duplicar el precio actual de los combustibles tradicionales para búnkeres”, indicó la organización que representa a cámaras de exportadores e importadores de todo el mundo en relación con temas de logística y transporte internacional.

El GSF está instando a los reguladores para que se aseguren de que las líneas navieras no usen el retiro de buques antiguos del sistema como un “medio encubierto para la gestión de la capacidad”, es decir, una restricción artificial de la oferta que podría llevar a un encarecimiento de los fletes.

Los cargadores advierten sobre la posibilidad de un nuevo “traslado” de mayores costos con este impuesto al carbono propuesto por las marítimas, habida cuenta de las experiencias pasadas, como el uso generalizado del ajuste del precio del bunker (BAF) y la ola de nuevos recargos antes de la introducción del combustible con bajo contenido de azufre en 2020.

Desconfianza

James Hookham, director del GSF, señaló: “Estoy seguro que nos perdonarán si creemos que esta propuesta inevitablemente resultará el tarifas de flete aún más altas. Eso se debe a que la industria naviera tiene un mecanismo muy eficiente para pasar los costos de combustible más altos en forma de BAF, es decir, un recargo para cubrir las variaciones en el precio del combustible. Hay pocas garantías en las propuestas existentes de que un impuesto al carbono no se trasladará como un como un costo adicional para los cargadores”.

El GSF instó a los miembros de este comité particular de la OMI a “considerar los intereses de quienes son los impulsores del comercio internacional, exportadores e importadores”.

“Por las sumas de dinero involucradas, exigimos que cualquier mecanismo que instrumente un impuesto al carbono sea completamente transparente y abierto al escrutinio”, concluyeron.


Foto de portada: “Polluted Manila Bay” por FotoGrazio – CC BY-NC-ND 2.0.