Uno de los sectores más cercanos al Gobierno es el que compone el cordón agroindustrial del Gran Rosario. Desde San Lorenzo hasta Timbúes, se agolpan por kilómetros más de 70 plantas que procesan la soja en los derivados (harina y aceite) que más divisas le aporta a la Argentina.
Son fábricas con puerto propio. Manejan el precio (pagan las retenciones, pero se las descuentan a los productores) y son los grandes exportadores que lideran el ránking de la Argentina (44,8% del total, por un total de US$ 26.000 millones).
Hostigados por el gobierno anterior con controles de precios, retenciones y obligaciones de liquidar divisas en tiempos perentorios, abrazaron el Cambio como pocos, y apoyaron, incluso económicamente, la campaña que llevó a Mauricio Macri a la presidencia.
El mensaje para ellos siempre fue la baja progresiva a los derechos de exportación aplicados a estos productos, una alícuota impositiva que motivó el viejo conflicto de la resolución 125, de la que se celebraron 10 años hace unos meses.
Por eso, el anuncio de hoy de que se suspenden las rebajas estipuladas a los derechos de exportación para los subproductos de la molienda provocó malestar entre los industriales y exportadores del agro.
El arsenal de críticas no ahorró en los perjuicios que provocará casi de manera automática la decisión del gobierno: desinversión e impacto en el empleo, capacidad ociosas (y nuevamente, impacto en el empleo), fomento de ventas primarias en desmedro del valor agregado, entre otros.
Desde la poderosa Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) emitieron un comunicado que expresó “sorpresa y preocupación por los perjuicios que ocasionará la medida oficial anunciada”.
La letanía de quienes “inudstrializan la rurarlidad” abunda en los “probables efectos negativos” tales como “la caída de transacciones de principal sector exportador de la Argentina, lo que afectaría la recaudación fiscal que se ha proyectado; así como la menor capacidad de compra de la agroindustria y la elevación de la capacidad ociosa del principal complejo oleaginoso del mundo, estimulando indirectamente la primarización de la agroexportación al exportarse con menos valor agregado”.
Advierten que el diferencial en los derechos de exportación entre materias primas y productos industrializados es el modo en que los países estimulan la exportación de empleo e inversión locales, al tiempo que evitan el proteccionismo creciente de buena parte del comercio internacional, con el objetivo de fortalecer el desarrollo del complejo oleaginoso argentino que lleva tres décadas de crecimiento.
“La medida paraliza las nuevas inversiones del sector agroindustrial y podría derivar en el cierre de plantas industriales, lo que perjudicaría especialmente a los productores y se perdería empleo”, subrayan.
