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YPF deberá suspender un contrato de transporte fluvial de hidrocarburos entre Santa Fe y Barranqueras con Horamar, empresa que se había adjudicado el contrato tras una licitación que le permitió a la petrolera estatal un ahorro de US$ 70 millones.

No sólo el contrato quedó suspendido, sino que la Justicia ordenó frenar las órdenes de construcción de las barcazas y la importación de los remolcadores para cumplir con la licitación, así como también toda autorización en manos de la Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante en línea con el concurso.

La decisión sobrevino tras una medida cautelar donde la Justicia hizo lugar a una denuncia presentada en origen en octubre de 2019 por la presidenta de la Cámara de la Industria Naval Argentina Silvia Martínez.

YPF había licitado el transporte fluvial de los combustibles luego de años de prórrogas sostenidas en favor de National Shipping, la empresa de bandera nacional que dirige Federico Virasoro, que en la misma licitación de 2019 cotizó el doble de lo propuesto por Horarmar.

Compañía Naviera Horamar ofertó entre una docena de empresas por poco más de US$ 67 millones, y resultó adjudicataria debido a la palmaria diferencia de casi US$ 73 millones con el segundo proveedor.

Inicio de los problemas

A partir de allí comenzaron los problemas, tanto para YPF –que había realizado por primera vez en más de 20 años una licitación pública internacional para intentar abaratar los costos para el Estado– como para Horamar, que se alzó con el contrato por contar con financiamiento de la industria naval paraguaya para la construcción barcazas nuevas y por tener acceso al crédito para el ingreso de remolcadores del exterior.

Se trata de dos convoyes de barcazas, que ya se comenzaron a fabricar en el astillero CIE de Paraguay, junto con sus remolcadores que ya habían sido encargados en China. Como es sabido, no existen condiciones de financiamiento para la industria naval en la Argentina.

Fue entonces que desde el sindicato SupeH Flota y la Cámara de la Industria Naval Argentina reclamaron que la petrolera estatal “debía” contratar en la Argentina, más allá de que fuera más cara esa opción, y más lenta para cumplir con el contrato en tiempo y forma.

Más presiones

Las presiones sindicales y del empresariado naval nacional fueron tales que Horamar accedió a realizar algunos trabajos en astilleros argentinos, es decir, algunas de las construcciones y alistamiento para cumplir con el contrato de YPF se harían con SPI Astilleros, de Horacio Tettamanti, y Astilleros Corrientes, de Miguel Gutnisky.

Pero claramente el acuerdo no calmó las aguas de los sindicatos y cámaras empresarias identificados con National Shipping.

En el centro, Eduardo Borgognon, director de CIE (el astillero paraguayo contratado para la construcción de las barcazas) saluda a Horacio Tettamanti (SPI), junto a Miguel Gutnisky (Astilleros Corrientes, a su derecha). Claudio López (Horamar, segundo desde la izquierda) y el staff de los astilleros completan la foto del acuerdo

El contrato que debía comenzar a principios de año quedó en suspenso, tras el reclamo de auditorías pedido por el juez federal Sergio Ramos para investigar si se registraron “irregularidades” en la licitación.

Sin razón ni evidencia

Según trascendió en el diario La Nación, YPF no apelaría la cautelar, amén de no compartir los criterios. 

Por lo tanto, corre la “suspensión de los efectos del contrato suscripto entre YPF y Compañía Naviera Horamar para la prestación del “Servicio de remolcador de apoyo” y del “Servicio de transporte fluvial de hidrocarburos” para la zona del Km 1196, Río Paraná y Riacho Barranqueras, incluyendo toda actividad secundaria que se encuentra siendo realizada para la prestación de dicho servicio, entre ellas las obras de construcción y adecuación que se estén realizando en el exterior o en nuestro territorio, y/o la importación de barcos, barcazas y remolcadores, como así también cualquier trámite administrativo dirigido a obtener autorizaciones, registros y/o permisos vinculados con las barcazas vinculadas a la prestación de dichos servicios”.

“YPF afirma que no existen razones objetivas ni evidencia o indicio de ilícito alguno que permita justificar el dictado de la medida cautelar, cuyo mantenimiento indudablemente provocará significativos perjuicios para YPF, privando a la empresa del ahorro de costos logrado en base al nuevo contrato”, señalaron desde la petrolera.

En diálogo con ese medio, la gerente general de Horamar, Stella Morosoly, manifestó que “la intención detrás de todo ese andamiaje procesal suponemos que es trabar el accionar de YPF, obstaculizar la construcción de los buques de Horamar y así, llegado el momento, intentar quedarse con el negocio que supieron [National Shipping] tener durante 20 años. No cabe otra explicación”.

National Shipping descartó por su parte vinculación alguna con estos acontecimientos.