La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) le solicitó a la Administración General de Puertos (AGP) el 30% de su recaudación.
Así surge de la nota remitida el 3 de mayo por el director nacional de Gestión Inmobiliaria Estatal de la AABE, Francisco Sotelo López, al titular de la AGP, Gonzalo Mórtola, con copia al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y al director de Contabilidad, Presupuesto y Finanzas de la AABE, Alejandro Cabo.
“Ponemos en su conocimiento que el 1° de marzo entró en funcionamiento la cuenta recaudadora AABE de conformidad con lo previsto en el presupuesto de la administración nacional para el ejercicio 2017. Tal como está previsto, todos los ingresos percibidos a través de la misma serán afectados en un 70% a favor de la jurisdicción de origen del inmueble y el 30% restante ingresará al Tesoro nacional“, destaca la misiva.
La AABE le exige a la AGP informe “el número de cuenta habilitada (de la AGP), denominación, CBU y CUIT, a fin de proceder a la transferencia estipulada en el presupuesto nacional“.
Tal cuenta es la única habilitada para recibir ingresos provenientes de los “cánones, locaciones, concesiones, enajenaciones y transferencias de inmuebles de propiedad del Estado nacional y de la modificación o extinción de estos y otros derechos reales o personales sobre dichos bienes”.
El pedido, que se justifica en las “competencias asignadas a la AABE en relación con las modificaciones estipuladas en la ley 27.341 (Presupuesto nacional 2017)”, entraría en conflicto con la ley de puertos 24.093, en rigor, con su artículo 12, que establece que “las personas jurídicas que administren y exploten los puertos mencionados tendrán la facultad de determinar el propio tarifario de servicios, debiendo invertir en el mismo puerto el producto de su explotación, conforme lo establezca el estatuto respectivo”.
