La Dirección General de Aduanas (DGA), a cargo de Guillermo Michel, puso el ojo en las operaciones en zonas francas.

Este régimen -que por pereza reglamentaria y legal en la Argentina no explota al máximo su potencial industrial y comercial- se usa sobre todo por su perfil logístico y por el diferimiento en el pago de tributos aduaneros.

No obstante, en los últimos meses, “las mercaderías que ingresaban en zona franca, tras presentar su documento aduanero, estaban habilitadas para el giro automático de divisas”, informaron fuentes de la Aduana en diálogo con Trade News. Es decir, estas importaciones no requerían la autorización por parte del Banco Central.

Los efectos del cepo

Las importaciones argentinas están limitadas en varios frentes: precisan “visados” en AFIP (a través del visto bueno de la capacidad económica financiera del operador), en Comercio (por medio de la aprobación de las SIMI) y en el Banco Central (para conseguir las divisas y así cancelar la operación).

En el régimen de zonas francas, la mercadería está físicamente en la Argentina, pero la titularidad de la misma sigue en manos del proveedor de origen. Esto permite una adminsitración financiera más holgada: se paga la mercadería y se transfiere la titularidad a medida que se vende la mercadería en el mercado interno, sin necesidad de cancelaciones totales anticipadas.

Durante la última gestión de Cristina Fernández de Kirchner, el control del comercio exterior fue a través de las declaraciones juradas anticipadas de importación (DJAI). Si el ex secretario de Comercio Guillermo Moreno las firmaba, el Banco Central autorizaba el giro de divisas. En ese entonces, el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) era, básicamente, la mesa de dinero del Banco Central.

Cuando en 2015 llega al Gobierno Mauricio Macri, se elimina este mecanismo: las DJAI pasaron a ser SIMI (Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones) y el giro de divisas lo firmaban directamente los oficiales de comercio exterior de la banca privada.

Olvido reglamentario

Ya con Alberto Fernández en la Administración, se conservó este mecanismo en parte: primero hay que conseguir las SIMI y luego pedir la autorización oficial para el giro de divisas.

En las zonas francas, en cambio, el giro de divisas seguía siendo autorizado por la banca privada contra la presentación del documento de ingreso a zona franca (ZFI5). Michel, que estuvo al frente de la Aduana en 2015, recordó que sucedía lo mismo con las DJAI y pidió ahora al Banco Central ajustar la norma.

¿Por qué? Porque este respiro que tenían determinadas empresas que no podían frenar su línea de producción o precisaban de insumos importados para reabastecer el mercado rápidamente inspiró prácticas reñidas con las leyes penal económica y penal cambiaria, según se tratare el caso.

En el segundo caso se multiplicaron importaciones de mercaderías muy por encima del valor internacional (sobrefacturadas) que, luego, se vendrían localmente a “precio de mercado” sin resistir ni el más mínimo análisis de las plataformas de comercio electrónico más extendidas. La fuga de dólares era el principal objetivo de estas maniobras.

El comunicado oficial

En un comunicado, la Aduana explicó que notó una serie de operaciones de importación que pasaron de US$ 360 millones en el primer semestre de 2021 a US$ 700 millones en el mismo período de 2022.

La mercadería -procedente de Ezeiza y con destino a Zona Franca- consistía en “máquinas para minar Bitcoin” que llevó a una denuncia del organismo por “sobrefacturación (…) que está siendo investigada en el Juzgado Penal Económico N° 2”.

“A partir de ese caso, la Aduana decidió bloquear de manera preventiva todas las solicitudes de tránsito de importación con el mismo circuito Ezeiza-Zona Franca para hacer un análisis exhaustivo de cada operación e iniciar fiscalizaciones sistémicas a todas las empresas que operaron con esta modalidad”, señala el texto.

En este análisis, la Aduana informó que al menos 50 empresas que concentran el 37% de las operaciones (de todo tipo) “triangularon la operación de importación, es decir que la mercadería tiene origen en un país (por ejemplo, China), pero la factura se hace en un tercer país (Uruguay o Estados Unidos)”.

Asimismo, informó que relevará a “399 operadores de menor tamaño que hicieron ingresos a zona franca en 2022 y que en el año inmediato anterior no han exteriorizado ingreso alguno”.

Por último, y en línea con el control de divisas y el cepo imperante en el comercio exterior, la Aduana pidió al Banco Central y a las áreas operativas de AFIP “la inclusión de las marcas A, B y C en el documento aduanero de ingreso a zona franca (ZFI) similar al que tiene la SIMI” al tiempo que pidió que se garantice “que la mercadería se encuentre efectivamente ingresada en zona franca previo a que el BCRA autorice el giro de divisas”.

Respuestas del sector privado

Consultados respecto de la medida, desde fuentes vinculadas con las zonas francas realizaron una serie de aclaraciones.

“Es cierto que hay más operaciones (en zona franca) pero esto es porque se multiplicaron las barreras al comercio exterior y las zonas francas se convierten así en un buffer que permite, desde destino, obtener los permisos para nacionalizar”, indicó un operador de zona franca que solicitó reserva de su nombre.

Es decir, la mercadería está en el país pero “no nacionalizada”, y el tiempo del régimen permite obtener todo tipo de tramitaciones sin el riesgo de que se venzan los certificados necesarios.

Luego, aclaró una cuestión operativa, común y diaria del comercio exterior argentino: lo que la Aduana llama triangulación, en realidad “tiene que ver con que el lugar de origen de la mercadería no le da crédito al operador de la Argentina y, si no hay pago cancelatorio pre-embarque, ningún exportador en origen embarca”, explicó.

La no coincidencia entre origen y procedencia, en la Argentina, no es necesariamente una triangulación, sino “una cancelación de la operación desde dónde se logra acceder al crédito… Esto es tan viejo como el comercio exterior en la Argentina, y no es algo exclusivo de zonas francas; sucede en todas las aduanas”.

Minería de criptomonedas

Luego, explicó la operación puntual de los equipos afectados a la minería de activos cripto.

“La Aduana intervino preventivamente, y lo hizo muy bien porque había una justificación razonable. Pero esta denuncia ya pasó a Contencioso: no hay sobrefacturación”, indicó.

Lo que sucedió con estas operaciones puntuales es el cambio rotundo del mercado de la cotización del Bitcoin: “La operación se concretó con un Bitcoin (que cotizaba alrededor) de US$ 60.000. Es decir, el hardware afectado al minado costaba en origen tres veces más de lo que cuesta hoy un Bitcoin (alrededor de US$ 20.000), y este es un dato de público conocimiento”.

El precio del equipamiento se concertó en una coyuntura de mercado totalmente diferente a la del momento del arribo de la carga, cuando la cotización del Bitcoin se había desplomado, explicó la fuente privada.


Imagen de portada: Terminal de Cargas Argentina