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La Administración General de Puertos (AGP) remitió un nuevo proyecto de decreto para establecer el cese de la intervención del organismo, situación en la que se encuentra desde hace 30 años.

Semanas atrás, desde la dependencia que conduce Gonzalo Mórtola, se elevó al ministro de Transporte Guillermo Dietrich –de quien depende la AGP– un proyecto de decreto para normalizar la AGP, cambiar su denominación a Puerto de Buenos Aires Sociedad del Estado, crear un nuevo estatuto y nombrar un Directorio con un presidente y directores titulares.

La noticia provocó rechazo del arco gremial encabezado por el gremio APDFA, que agrupa al personal jerarquizado ferroportuario, y por la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval (FEMPINRA).

Instrucciones de la Superioridad

Ayer, en una nueva nota a la gerencia de Asuntos Jurídicos, el gerente general de la AGP, Alejandro OK, indicó que “por instrucciones de la Superioridad se volvió a elaborar un proyecto de decreto que deja sin efecto lo actuado en el proyecto de decreto original”.

La nota manifiesta que “se suprime toda referencia a la designación de los integrantes del Directorio de Puerto Buenos Aires Sociedad del Estado y estableciendo que, hasta tanto la Asamblea nombre a los directores titulares y suplentes que conformarán el Directorio, las funciones de adminsitración y dirección continuarán a cargo del suscripto”, es decir, de la Gerencia General.

La AGP ya había manifestado públicamente que sería el nuevo Gobierno quien designe las autoridades del flamante Directorio. No obstante, formalizó ahora internamente la decisión.

Garantizar la continuidad

En un comunicado, APDFA remarcó que la intención que observaban por parte de la conducción actual de la AGP “garantizar su continuidad en el control del puerto y condicionar al futuro gobierno nacional”.

“APDFA sostiene su posición de que el levantamiento de la intervención sería una medida saludable si en la misma no se excluyera a los trabajadores del sector en el Directorio, por lo que no cesará en su reclamo por los medios que crea convenientes”, indicaron.

Anular la licitación

Asimismo, reclamaron que la AGP “dé de baja la fecha prevista para la apertura de las ofertas para la licitación de la terminal portuaria única el 2 de diciembre próximo, proyecto que crea un monopolio en un nodo central del comercio exterior nacional y pone en peligro centenares de puestos de trabajo”.

Por último, plantearon que las autoridades actuales desistan de “pasar a planta permanente a funcionarios políticos ingresados en los últimos 4 años y que frenen con contrataciones de obras y servicios millonarios que condicionan el presupuesto y la gestión de las autoridades políticas que asumirán el 10 de diciembre próximo”.

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