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La resolución 21/21 del Ministerio de Transporte, publicada el martes 26 en el Boletín Oficial, pone en práctica la política de retaliación respecto de los buques y armadores paraguayos, que practican la reserva de cargas en desmedro de la bandera argentina.

Tal como adelantó Trade News, la medida que lleva la firma del titular de la cartera tiene fines concretos: que Paraguay desista de restringir las operaciones de buques de bandera argentina que pretendan operar en sus puertos y levante la reserva de cargas, en cumplimiento con tratados internacionales de la Hidrovía Paraná-Paraguay y el tratado bilateral de 1967.

En un comunicado que describe la resolución como un avance “en la recuperación de la soberanía del transporte marítimo y fluvial”, Transporte indicó que esta reserva de cargas sólo aplica a “buques y armadores paraguayos” y pretende “equiparar los requisitos respecto de las exigencias de Paraguay y generando el ingreso de divisas, la creación de nuevos puestos de trabajo y la baja de los costos logísticos”.

Condición necesaria

La medida es condición necesaria pero no suficiente para recuperar la marina mercante argentino o, al menos, ciertos tráficos regionales. En tal sentido, de acuerdo con informaciones gremiales, Meoni avanzaría en breve en la reglamentación de la ley de marina mercante.

Así lo afirmó el secretario general de la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval (Fempinra), Juan Carlos Schmid, uno de los invitados a la reunión de Transporte donde se iba a firmar la resolución que, no obstante, ya había sido publicada.

“El ministro (Mario) Meoni nos informó que junto con esta resolución se terminó de preparar la reglamentación de la Ley de Marina Mercante, otro hecho auspicioso en línea con la recuperación de las políticas públicas dentro del área portuario-marítima”, señaló Schmid.

El dirigente de Dragado y Balizamiento estuvo acompañado por Julio González Insfrán (Centro de Patrones) y Raúl Omar Durdos (SOMU), mientras que por el lado empresario asistieron Alejandro Rapela (Empujes Argentinos SRL) y Paloma Lowenthal (Fluvialba), y del Gobierno acompañaron Marcela Passo y Leonardo Cabrera, subsecretario de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante.

Simbólica

La simbólica resolución de Transporte -que no tendrá efectos prácticos en el corto plazo, dado a que no hay buques de bandera argentina capaces de realizar los servicios de transporte- precisa ahora de la reglamentación, tarea que recae en la subsecretaría que dirige Cabrera.

Esta dependencia será la encargada de establecer los certificados y permisos de carga que deberán tramitar cada buque paraguayo -estableciendo puerto de origen y destino, volumen y tipo de carga, embarcaciones capaces de operarla y toda otra información pertinente- que pretenda mover carga argentina.

Esta información luego será girada a las cámaras argentinas de armadores -de llamativo silencio ante la noticia de la norma- para verificar si existe bodega disponible para operar la carga que pide operar el armador paraguayo.

Instancia diplomática

La instancia de la resolución ministerial llegó tras el agotamiento de las negociaciones diplomáticas: el tema de la reserva de cargas paraguaya lo llevaron adelante en el Palacio San Martín en los últimos dos años, negociaciones no exentas de momentos de tensión, como cuando la prefectura paraguaya detuvo, a pedido de los armadores, al remolcador Piray Guazú de bandera argentina, por violar la ley de reserva de cargas paraguaya.

La diplomacia paraguaya, en determinado momento habría reconocido que se estaba ante una decisión política que no era pasible de ser negociada, por la fuerte presión ejercida por la Cámara de Armadores Fluviales y Marítimos (Cafym) del Paraguay.

Así, mientras los buques argentinos no pueden mover carga paraguaya, la norma es que los buques paraguayos tomen carga en puertos argentinos y las lleven a Montevideo.

Acto administrativo

La decisión del gobierno de Alberto Fernández marca un nuevo hito en un tema en que el derecho asiste a la parte argentina y los negocios a la parte paraguaya.

Legítima y legal, la norma en su esencia no impone proteccionismo, ni argumenta causas nacionalistas, ni reverdece cierto chauvinismo patriotero que sólo provocó daños generales y beneficios particulares hace 10 años, y que busca en los extremos ideológicos del Gobierno volver a posicionarse.

Además, corona los esfuerzos de diplomáticos de carrera que encauzaron el tema y optaron por la negociación hasta que las herramientas así lo permitieron.

Dirección ad hoc

Es más, según pudo saber Trade News, Cancillería buscará no sólo capitalizar el roce logrado en temas hidroviarios y bilaterales con esta negociación, sino profundizar el conocimiento y la gestión para realizar su aporte en la regeneración de una logística fluvio-marítima argentina.

Para tal fin, se creará una Dirección ad hoc, que estará a cargo de la ministra Romina Bocache, ex secretaria ejecutiva del Comité Intergubernamental de la Hidrovía.

La resolución no es ni un punto final en la relación con Paraguay, ni es susceptible de ser considerada como una agresión. Tampoco es el principio de la marina mercante argentina. Probablemente, sea un acertado acto administrativo -de alto contenido político y bajo impacto económico inmediato- pero nutrido de una gestión diplomática que cursó todos los andariveles posibles hasta que la mesa se levantó.