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La Justicia confirmó al fuero federal para decidir sobre la cautelar interpuesta por Compañía Sudamericana de Dragados en contra del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, solicitando la suspensión de la licitación para el dragado del canal de acceso al puerto y a la Base Naval de Puerto Belgrano.

La judicialización del conflicto se originó luego de que Sudamericana impugnara la decisión del Consorcio de adjudicar la licitación n°4/2019 a la UTE integrada por la holandesa Van Oord y la argentina Dyopsa, por “violación de las reglas establecidas en el pliego”.

El consorcio no aceptó la impugnación y recurrió a un estudio tributario para que dictaminara si Dyopsa era un “deudor moroso con sentencia efectiva”, a lo que el estudio respondió que, “al finalizar el estudio, la empresa no poseía deudas”.

Incompatibilidad

La motivación judicial de Sudamericana radicó en que, al momento de licitar, Dyopsa poseía efectivamente deudas por más de 20 millones de pesos con AFIP, ARBA y Anses, causal inmediata de incompatibilidad de acuerdo con lo establecido por el pliego.

Por esta razón, y ante la negativa del Consorcio de anular inmediatamente la oferta (y adjudicarla al segundo oferente, es decir, Sudamericana) recurrió a la justicia federal para radicar la denuncia y solicitar la cautelar.

No obstante, la jueza María Gabriela Marrón, a cargo del juzgado federal nº 2 de Bahía Blanca, rechazó el planteo y declaró a la justicia federal incompetente, girando el expediente al fuero civil y comercial.

Apelación

Sudamericana recurrió entonces al Ministerio Público Fiscal –que ya se había expedido en favor de la competencia federal– y a la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca.

Al hacerlo, el demandante insistió en el “interés federal directo involucrado”, competencia que “está debidamente fundamentada por la aplicación de leyes federales” así como también por la “interjurisdiccionalidad”.

En sus fundamentos, los jueces de Cámara Pablo Candisano Mera y Roberto Daniel Amabile, revocaron la decisión de la jueza Marrón y confirmaron el fuero federal para expedirse sobre la cautelar.

Navegabilidad y jurisdicción

“La naturaleza de las tareas objeto del contrato, y el lugar donde deberán llevarse a cabo (zona portuaria y canales de acceso),  naturalmente afectan intereses concernientes a la navegabilidad, circulación interjurisdiccional y tráfico marítimo, lo que claramente constituye un cuestión de cuestiones de almirantazgo y jurisdicción marítima, tanto con relación al puerto comercial de Bahía Blanca, como la Base Naval de Puerto Belgrano”, explicaron los camaristas.

“El lugar donde deberán llevarse a cabo los trabajos licitados –zona portuaria de más de 97 kilómetros– constituye una unidad, un sistema integrado, donde se interrelacionan distintos actores e intereses del que –naturalmente– el interés federal no se encuentra ausente”, destacaron los jueces.

La competencia del Estado nacional queda todavía más en evidenciada porque el control de la seguridad de la navegación está en manos de la Prefectura Naval Argentina, organismo federal.

Control nacional

Es más, a pesar de la cesión del dominio y administración de los puertos (desde Nación a las provincias) por la ley 24.093, “lo cierto es que el Estado (nacional) ha conservado en todo el ámbito portuario una potestad de control”, advirtieron los magistrados.

Por último advirtieron que la licitación incluye “el canal de acceso a la Base Naval de Puerto Belgrano, puerto militar nacional (por lo que) se observa con nitidez que las tareas de dragado y mantenimiento de aquel acceso, en tanto se trata de un establecimiento de utilidad nacional, compromete intereses relacionados con la seguridad de la Nación”.