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La Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca ordenó suspender la licitación del dragado del canal de acceso al puerto de esa ciudad.

La judicialización del proceso licitatorio comenzó cuando Compañía Sudamericana de Dragados, segunda en orden de mérito en las ofertas presentadas ante el llamado a licitación nº 4/2019, impugnó ante el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca la adjudicación de la obra a la UTE integrada por Van Oord y Dyopsa.

Sudamericana alegó incompatibilidad de la oferta presentada debido a que Dyopsa, al momento de licitar, era deudor con la AFIP, ARBA y Anses.

Consulta tributaria

El Consorcio no hizo lugar al pedido de impugnación. Su presidente, Miguel Donadio, recurrió al consejo de un estudio tributario para dirimir qué situación fiscal era la que pesaba sobre Dyopsa, decisión que contó, en principio, con dispar acatamiento de los directores, advertidos por carta documento sobre las responsabilidades que acarrearía continuar con el proceso de adjudicación.

Los tributaristas consultados manifestaron que deudor era quien “tenía sentencia judicial firme” y que Dyopsa, al momento de “finalizado el estudio” ya no contaba con deudas.

Sudamericana recurrió entonces a la justicia federal y solicitó una medida cautelar. En una primera instancia, la jueza María Gabriela Marrón declaró el fuero federal incompetente y giró la denuncia a la justicia civil.

Fuero federal y rechazo

La empresa denunciante se dirigió a la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, que hizo finalmente lugar al pedido y confirmó el fuero federal. 

La causa volvió nuevamente al juzgado federal nº 2. Confirmada su competencia, la jueza Marrón rechazó la cautelar de Sudamericana.

Argumentos y adhesiones

En tanto, el Consorcio de Gestión del Puerto Bahía Blanca sostuvo públicamente sus argumentos: el fin último de bajar los costos y de contar con la oferta económica más conveniente, así como garantizarse la cualidad técnica de la oferta para realizar los trabajos.

Respecto de la impugnación solicitada por Sudamericana, el organismo, a través de Donadio, se limitó a sostener el informe del tributarista y su tipificación sobre el carácter de morosidad que presentaba Dyopsa, así como también minimizó la protesta del denunciante.

A su vez, Donadio sumó adhesiones a su decisión desde los más variados ámbitos: el Consejo Consultivo del Consorcio, cámaras sectoriales e incluso el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU).

Probablemente, el mayor espaldarazo político llegó de la mano del ministro de la Producción, Javier Tizado –hombre, como Donadio, muy cercano al ministro de Transporte Guillermo Dietrich– quien manifestó: “La decisión de Donadio se enmarca en una política provincial de ahorro de costos portuarios”, encuadrada en un marco de “legalidad y transparencia”.

La decisión de la Cámara de Apelaciones

Sin embargo, la Justicia opinó distinto.

O al menos, prefiere que una decisión de tal envergadura no se inspire solamente en el virtuosismo económico. De hecho, la Cámara Federal de Apelaciones prefirió verificar por sí misma los criterios de “legalidad y transparencia” que Donadio, Tizado, el Consorcio, el Consejo y el SOMU, al unísono, proclamaron como cumplidos de hecho.

Por tal motivo, y frente al rechazo de la cautelar en primera instancia, los camaristas Pablo Candisano Mera y Pablo Esteban Larriera resolvieron “suspender el trámite licitatorio”.

Reclamaron, ante la controversia sobre la “legalidad y transparencia del proceso licitatorio”, y antes de expedirse sobre la cuestión, “las actuaciones íntegras en trámite vinculadas con la licitación”.

“Dados los intereses en juego y la gravedad de la impugnación planteada, suspéndase el trámite licitatorio hasta tanto este Tribunal se pronuncie sobre la cuestión traída a su conocimiento, haciendo expresa mención que la parte demandada –Consorcio de Gestión– deberá abstenerse de realizar cualquier acto –jurídico o material– que implique el avance del proceso licitatorio”, manifestaron.

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