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En una aduana del interior, el personal aduanero le indicó a pasajeros que arribaban del extranjero que, luego de ser examinado su equipaje, formaran una fila ante las autoridades migratorias.

Uno de los pasajeros, se “coló” y salteó el control ante la aduana. La conducta del pasajero se consideró tentativa de contrabando, con una pena de 2 a 8 años de prisión y accesorias legales.

En ese momento, dicho enfoque nos resultó excesivamente rigorista, pues, a primera vista, “colarse” era simplemente una “avivada”. Sirve de aprendizaje porque, muchas veces, los fallos no concuerdan con la opinión pública, y ello es un costo que debe pagar la justicia siempre que las decisiones se encuentren debidamente fundadas.

Es sabido que el derecho penal aduanero se encuentra regulado con normas penales en blanco, y que las mismas plantean problemas de interpretación. Por eso, si bien se debe tener cuidado con ampliar el tipo penal invocando una interpretación integradora de la ley, tampoco se deben minimizar las conductas que asumen un ropaje de “viveza criolla”.

Al igual que la evasión impositiva, el contrabando consiste en eludir o desobedecer el control que las leyes confieren al Estado y, justamente por afectar al fisco, ambos delitos tienen menos reproche social que otros ilícitos, que damnifican a un particular.

Justificar

Así, aparece en escena la “viveza criolla” y encontramos un sinfín de razones para pretender justificar el no pago de impuestos. Por ejemplo, entre otros, se invoca que nuestro país tiene el record en la cantidad de tributos a pagar.

No obstante, ese es un aspecto de la evasión impositiva o del contrabando. El otro es que se trata de delitos que se reprimen por afectar las funciones de control del Estado, que el legislador consideró valiosas por razones no sólo fiscales, sino también de otros bienes jurídicos que requieren ser protegidos, tales como la salud pública o seguridad.

Una aproximación a lo expuesto se da si el pasajero que intentó eludir el control aduanero transportara en su equipaje drogas o armas. Como vemos, la “avivada” tiene otra entidad; no obstante, lo punible debe recaer sobre la conducta asumida y no sobre la mercadería que se transporta.

Por ello, cuando vemos lo recientemente acontecido en nuestro país, en que teniendo el Estado el contralor de la aplicación de las vacunas contra el Covid 19, el propio órgano de poder implementó un mecanismo para eludirlo, creando privilegios en su aplicación, esa conducta deja de ser una “avivada” y cae en el ámbito penal (abuso de poder, malversación de caudales públicos, falsedad ideológica -si se simuló la calidad de personal de la salud-).

Lo cierto es que alguien que no reúne las condiciones para ser vacunado le quitó la vacuna a otro que la necesitaba y ello, ante la falta de vacunas pudo ocasionar su muerte.

Explicaciones

Dejando de lado, el enfoque técnico penal y las alegaciones o descargos que se puedan ensayar para su justificación –lo cual será resorte de la justicia– repasemos el hecho como “avivada” y las explicaciones de nuestros gobernantes sobre lo ocurrido.

La viveza criolla consiste, precisamente, en actuar sin importar la ley y sin que la víctima pueda devolver el golpe. El vivo desprecia la ley. Más aún: la ley es un obstáculo que se debe saltear… o burlar.

El fraude jamás lo escandaliza, porque constituye uno de sus recursos más frecuentes. Para el vivo, la honestidad es una palabra hueca, ingenua, arcaica, por ello es que se la ubica en la antesala de la corrupción.

No obstante su efecto antisocial, ya que segrega resentimiento y envenena el respeto mutuo, al considerar a los demás humanos como estúpidos, zonzos o nabos y de que tal conducta partió desde un órgano del poder, nuestro Presidente le restó importancia y no arriesgó ni siquiera una disculpa. Es más, el Procurador General, pretendió justificar su acto invocando ser alguien superior que debe ser preservado.

No se trata de un partido de truco, en el que los que tienen las cartas son los dueños del poder y los de afuera (el pueblo) son de palo.

Hay que cambiar la corrupción por la honestidad, el individualismo por la solidaridad, la anomia por el respeto a las normas y, en definitiva, la viveza por la inteligencia y el trabajo para llegar a tener un país respetable.


El autor es especialista en Derecho Penal Aduanero e integrante del Estudio Durrieu-abogados