Una historia de frustraciones y una maldición institucional. Tal fue el hilo conductor de la licitación de la vía navegable troncal.
En febrero pasado, el gobierno de Javier Milei se vio obligado a declarar nula la licitación 1/2024, luego de que solo una empresa —Dredging Environmental and Marine Engineering (DEME)— presentara una oferta.
La escena fue incómoda: 11 firmas habían manifestado interés. Y de a una se fueron retirando hasta dejar el proceso desierto, dejando en evidencia algo que estructuralmente estaba mal. Paradoja al margen: DEME, denunciante de irregularidades y direccionamiento -con mucha información al respecto- terminó siendo la única oferente.
Respuesta oficial
El gobierno reaccionó con dureza, dio intervención a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia e insinuó posibles maniobras de presión sobre otras compañías. Se sucedieron investigaciones administrativas y se sospechó sobre un déficit de condiciones de competencia.
Demasiados años de prórrogas que postergaban decisiones de fondo. El Estado no lograba licitar la infraestructura más importante del país sin despertar sospechas. El sector privado no lograba confiar en los marcos regulatorios. Cada mes perdido en obras de infraestructura eran años ganados por los competidores. El Estado se disparó ambos pies y por primera vez fue socio en las millonarias pérdidas con el campo y la industria.
Diálogo y respaldo internacional
Tras el naufragio de febrero, la Administración Milei optó por algo inédito. Escuchar. Convocó Mesas de Diálogo Interdisciplinarias. Abrió procesos de observaciones previas a la redacción de los nuevos pliegos. Realizó una audiencia pública ambiental y recibió 40 presentaciones de cámaras, empresas, provincias y especialistas.
Tras escuchar, buscó consenso. Como ya había realizado el Estado en otra ocasión, recurrió a organismos internacionales (Unctad) para legitimar el proceso. Con un informe de más de 100 páginas recibió el aval de que los nuevos pliegos “satisfacen mayoritariamente” las mejores prácticas internacionales y garantizan condiciones de competencia. Al menos 8 empresas están en condiciones de competir, dijo Unctad.
El gobierno embolsó credibilidad y recuperó previsibilidad. Apostó por la transparencia y el diálogo previo para mitigar el riesgo impugnatorio, un cuchillo legal que, en manos de “buenos” abogados, desangran quirúrgica y lentamente proceso vitales.
Llamado definitivo
El 19 de diciembre, mediante la Resolución 67/2025, oficializó el llamado definitivo. Los cambios –que pueden consultarse en el pliego colgado en la plataforma Contrat.ar– satisficieron a los responsables del 80% del comex argentino (agroindustriales, puertos privados y el resto de los usuarios del sistema).
El 27 de febrero se abren los sobres. Los cambios introducidos responden a reclamos concretos del sector privado, especialmente de los usuarios de la hidrovía —las cámaras agroexportadoras, puertos privados, industriales— que representan el 80% del comercio exterior argentino.
