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La Cámara Argentina de Concesionarios de Zonas Francas quedó formalmente habilitada para emitir certificados de origen para todas las mercaderías originarias de los Estados parte del Mercosur o de un tercer país con el que el Mercosur cuente con un acuerdo comercial preferencial, y cuyos bienes se encuentren almacenados en las zonas francas comerciales del país, zonas francas industriales, zonas de procesamiento de exportaciones y áreas aduaneras especiales.

Así lo dispuso la Secretaría de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa, que dirige Ariel Schale, a través de la resolución 669/21.

Desde la Cámara indicaron que esta decisión “expande las posibilidades de exportación de las industrias dentro del bloque lo que implica un círculo virtuoso de producción, consumo, empleo y valor agregado”.

“Con esta norma –continuaron– se completó la internalización en la Argentina de la decisión 33/2015 del Mercosur, que extendió a las zonas francas los beneficios de circulación de bienes de producción y origen en los países miembros”.

Marginadas

La flamante norma termina con una situación que castigaba a las zonas francas ya que los productos industriales de origen Mercosur no podían ingresar en una zona franca porque perdían los beneficios del bloque. “Esta situación, que privó durante 25 años a las industrias de conjugar un aprovechamiento simultáneo del Mercosur y del régimen de zonas francas, se revierte ahora y permite expandir las las posibilidades de exportación de las industrias dentro del bloque lo que implica un círculo virtuoso de producción, consumo, empleo y valor agregado”.

El Certificado de Origen Derivado es el documento que certifica que las mercaderías comprendidas en el mismo, originarias de los Estados del Mercosur o de un tercer país con acuerdo, , se encuentran almacenadas en zonas francas comerciales del país, zonas francas industriales, zonas de procesamiento de exportaciones y áreas aduaneras especiales, con el objeto de efectuar operaciones destinadas asegurar su comercialización, conservación, fraccionamiento en lotes o volúmenes u otras operaciones, siempre que no se altere la clasificación arancelaria ni el carácter de mercadería originaria consignada en el Certificado de Origen original.

De acuerdo con la resolución, el certificado deberá tramitarse toda vez que las mercaderías salgan de las zonas francas en forma parcial con destino final en el territorio aduanero argentino, cuando egresen en forma parcial o total con destino final en el exterior, y cuando salgan en forma total con destino final al territorio nacional con intervención de terceros operadores.

“No será necesaria la tramitación de un Certificado Derivado cuando se trate del egreso de la totalidad de la mercadería con destino final al territorio aduanero general y no intervengan terceros operadores”, indica la resolución, tras agregar que en los casos mencionados, “en la destinación de importación se deberá declarar el certificado de origen relacionado con la mercadería para acceder al régimen arancelario intrazona o preferencial correspondiente, en la medida que el mismo se encuentre vigente”.

Administración eficiente

De acuerdo con el presidente de la Cámara de Concesionarios de Zonas Francas, Marcelo Leite, este régimen permite que las empresas “administren stocks de manera eficiente, nacionalizándolas sólo en la medida que lo necesiten”.

Es por esta razón que una de las principales ventajas de las zonas francas reside en su puntal “financiero”. En términos logísticos, Leite ponderó que las zonas francas permiten “acortar los tiempos de reposición de insumos”, una ventaja adicional en un presente marcado por las disrupciones en la cadena de suministro y los grandes faltantes de espacio en bodega de los buques.

“Ahora, además de los beneficios tradicionales, se suma que el Mercosur estableció el arancel cero a la mayoría de los productos que circulan entre los países miembros y así se estará otorgando a las industrias una herramienta muy competitiva facilitadora de la producción y el comercio exterior”, apuntó Leite.

En los considerandos de la resolución, se reconoce que “poner en vigor la instrumentación de dichos beneficios, implicará un mejor acceso y permitirá traccionar actividades exportadoras en dicho ámbito, beneficiando las operatorias de los actores principales en la materia”.

“Resulta oportuno y conveniente que por razones de especialización en la materia y de interés general, sea la Cámara solicitante la que se encuentre autorizada a emitir los referidos certificados”, justificó la Secretaría en su resolución.