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A partir de la decisión política que tomó el Gobierno para que la hidrovía Paraná-Paraguay sea diseñada y administrada por una Sociedad del Estado –integrada por la Nación y las provincias litoraleñas del Río Paraná, con excepción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires– se han escuchado y observado definiciones de funcionarios nacionales y gobernadores que generan interrogantes.

Algunas de esas incertidumbres son previas a las modificaciones y/o mejoras que la hidrovía necesita. Y las respuestas requeridas ayudarían a entender el sentido, la legitimidad y legalidad del objetivo que se dice perseguir.

Facultades delegadas

Con el argumento de profundizar el federalismo en nuestro país, el Gobierno nacional propone retrotraer y otorgarle a algunas provincias (las litoraleñas) facultades delegadas por el conjunto de las provincias argentinas al Estado nacional.

Estas facultades delegadas están expresamente contempladas en la Constitución Nacional.

De esta acción surgen inquietudes:

¿La aprobación de esta sociedad deberá tener dictamen de los organismos que resguardan la constitucionalidad de los actos de gobierno?

En la hipótesis de que se logre un dictamen positivo, ¿se analiza materializarlo a través de un decreto o a través de una ley?

Si la opción es legislativa, ¿el Congreso Nacional analizará, por el tenor del tema en cuestión, si necesita un quórum especial, teniendo en cuenta que se trata de una virtual modificación de lo establecido en el Constitución Nacional?

Licitación en tramos

Por lo expresado por funcionarios del área de Transporte, la hidrovía se podría segmentar y llamar a licitación en dos tramos, Confluencia-Santa Fe y Santa Fe-Océano. ¿La nueva Sociedad del Estado tendrá a su cargo el control de las dos concesiones?

¿Cuál será el criterio para que la división en las concesiones –que puede implicar que diferentes empresas operen en cada tramo– no genere sobrecostos e inclusive discrepancias técnicas sobre los trabajos y modo de realizarlos?

Respecto del peaje (a nuestro entender una tasa, porque se paga un servicio realizado por la empresa (dragado, señalización y balizamiento) en el marco de un contrato de concesión), ¿podrá esta sociedad disponer de este dinero para construir y mejorar obras portuarias o vías navegables secundarias en el territorio de las provincias socias, apartándose del objeto y la jurisdicción por la que el usuario paga?

De confirmarse esto, ¿se estaría convirtiendo el peaje o tasa por retribución de servicios en un impuesto?

El sistema logístico nacional

Basado en la idea de que la hidrovía y los puertos públicos instalados en sus márgenes son parte de un sistema logístico nacional, que se complementan e integran con rutas y ferrocarriles para vincular las diferentes regiones productivas del país entre sí y con puntos de exportación que son los puertos, surge la siguiente pregunta: la suma de proyectos y obras que propone cada provincia litoraleña, ¿son un aporte de ellas al sistema hidroviario federal o son inversiones que solicitan a esta futura Sociedad del Estado que evaluará y determinará la factibilidad del financiamiento y concreción?

Las provincias litoraleñas, ¿deberán aprobar por ley la integración a la sociedad por la corresponsabilidad que asumen junto al Estado nacional en inversiones, seguros, reclamos laborales, accidentes, daños ambientales y posibles quebrantos, etc?

La empresa Hidrovía SA está habilitada para solicitar una prórroga del contrato vigente y el Estado está habilitado a otorgarla, evaluando el cumplimiento del contrato próximo a vencer, ¿Presentó Hidrovía SA el pedido de prórroga de la actual concesión, se han realizado consultas con los usuarios y actores del sector para evaluar esta posibilidad y tomar una decisión?

Aplazamiento, y plazos

¿Sobre la base de qué argumentos el Estado Nacional funda el aplazamiento de la nueva licitación?

¿Cuál va a ser el plazo que la Autoridad Portuaria Nacional estima necesario para realizar los pliegos, consultas, publicaciones y el llamado a licitación para el nuevo período? ¿O será la nueva sociedad administradora la que llevará adelante tal gestión?

Los puertos públicos son infraestructuras realizadas con el esfuerzo y la inversión de generaciones de argentinos por décadas que, a partir de la ley 24.093/92, fueron transferidos a las provincias litoraleñas. Por más de 20 años no han tenido política para ellos, ni realizaron inversiones para su mantenimiento y modernización, salvo puntuales excepciones.

Evaluando el fracaso de esas transferencias, la falta de gestión, las malas condiciones en que se encuentran y la falta de utilidad que tienen para la producción nacional, ¿se van a revertir las transferencias y se los va a incorporar a esta nueva sociedad para rediseñar sus objetivos y funciones?


El autor fue subsecretario de Puertos y Vías Navegables de la Nación (2006-2012); secretario ejecutivo del Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay-Paraná (2008-2012); presidente de la Comisión Interamericana de Puertos de la OEA (2008-2009) y presidente del Ente Administrador Puerto Santa Fe (2000-2004)