Inédito fue el motivo de la protesta que realizaron los prácticos la semana pasada: no reconocen como válidos a sus interlocutores en el Gobierno, y no ahorran en descalificativos de todo tipo. Mentirosos. Prepotentes. Fabuladores. Amenazadores que amedrentan por WhatsApp, según constató TRADE.
El practicaje es un servicio público esencial prestado por profesionales independientes. El lenguaje gremial de los convenios colectivos y las conciliaciones obligatorias no aplica. La tarifa que el Gobierno les pide que bajen, según ellos, guarda relación directa con el grado de responsabilidad que tienen al asesorar al capitán de un buque que vale más de 60 millones de dólares (sin contar su carga): ilimitada.
El práctico es guardián de la seguridad, y se resiente de que le bajen la tarifa como si su práctica fuera un servicio más, cuando ellos responden a las contingencias con su patrimonio.
Más allá de la “cruzada por los costos”, acusan una desinformación grave en el Gobierno que, en ocasión de la presentación del informe de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), señaló que bajando las tarifas del practicaje “en la importación de gas para uso residencial, el Estado se ahorraría 8 millones de dólares por año”.
Según las facturas de los prácticos, un servicio de practicaje en Escobar ronda los US$ 110.000 y en Bahía Blanca no llega a los US$ 50.000. Enarsa traerá este año 41 buques a Escobar (US$ 4,5 millones de costo de practicaje) y 24 a Bahía Blanca (US$ 1,2 millones). Es decir que en 2017 se pagarán US$ 5,7 millones de practicaje. “¿Cómo hacen para ahorrar 8 millones por año? Que muestren las facturas. Son números que tiene Enarsa, que es parte del Gobierno”, argumentan los prácticos.
Peor aún, el informe de la CNDC dice: “En cuanto a los buques metaneros se estima un costo anual de los servicios de practicaje de US$ 44,1 millones”. Más adelante dice que “el costo por metanero es de US$ 250.000. Es un costo que paga el Estado”.
Pero en 2016 se importaron un total de 77 buques: aunque hubieran costado US$ 250.000 de practicaje cada uno, el costo anual hubiera sido de US$ 19,2 millones (menos de la mitad de los US$ 44 millones informados por el Gobierno). Y para los 65 buques de este año, siguiendo con ese costo “ficticio” de US$ 250.000 por buque, el costo anual sería de US$ 16,2 millones por servicios de practicaje. “Este es el nivel de mentira que se maneja”, sentencian los prácticos.
Resulta increíble que cuando los prácticos intentan explicarle esto a la autoridad de aplicación, Jorge Metz (subsecretario de Puertos) y Gustavo Deleersnyder (director de Transporte Marítimo y Fluvial) no sean escuchados. “Queremos que Dietrich cambie a los interlocutores”, reclaman.
Lo insólito: Deleersnyder era práctico antes de asumir en la función pública.
