Es muy común en política confundir los silencios con aparentes indefiniciones, lo mismo que confundir la demora en decidir con debilidad.

El Gobierno de Milei tiene, entre sus mayores desafíos, consagrar en la acción ejecutiva la identidad discursiva que lo llevó al poder. 

Enfrente tiene la ansiedad social. Hay mucha impaciencia y con ella vienen las comparaciones. Cuando esto pasa, los cuatro meses del actual gobierno se pasan por el mismo tamiz de los cuatro años de gobierno de Macri, porque el signo político era similar.

La comparación es caprichosa porque una gestión ya terminó, sin atenuantes, y la otra recién arranca. Pero la combinación de ansiedad e impaciencia proyecta escenarios y cumplen con la premisa geométrica donde dos senderos paralelos se tocan en algún momento.

Impaciencia justificada

La impaciencia, en el comercio exterior, es justificada: la concreción comercial de una operación de exportación e importación carece hace décadas de un horizonte claro, previsible y estable. Mismo escenario le toca a la logística del transporte sobre la que se realiza el comercio exterior.

Son demasiados años donde es imposible asociar el adjetivo “normal” al comercio exterior, a las vías navegables o al Puerto de Buenos Aires.

Tomemos el caso del puerto, donde es constante, gobierno tras gobierno, la indecisión sobre su futuro.

La única acción nacional fue la de frenar el avance de puertos satélites con capacidad y potencial para brindar los mismos servicios que Buenos Aires, superarlo y, en definitiva, reemplazarlo.

Por ejemplo, hay terminales privadas o concesionadas, bajo la órbita provincial que, con distintos parámetros jurídicos, necesitan que sus planes de inversión cuenten con la autorización final de Nación. 

Bloqueo activo

Mientras el Estado nacional es pasivo respecto del destino de su propio puerto, se activa a la hora de bloquear proyectos o expansiones con objeciones ambientales, con limitaciones en la navegación a la eslora de determinados buques, con congelamiento o recorte de partidas o con el vacío de poder de las firmas que deben autorizar obras clave.

La provincia de Buenos Aires tiene varios de estos ejemplos. Lo mismo que la ciudad de Buenos Aires, con un reclamo cajoneado hace casi 30 años para quedarse con la administración del puerto.

Buenos Aires sigue siendo el de mejor conexión con las provincias, al ser el único que recibe formaciones de todos los ramales ferroviarios. Sigue siendo el preferido de las cargas y de las líneas marítimas. En esta zona de confort se quedó el Estado nacional, indiferente de cara a la obsolescencia de infraestructura que atraviesa al puerto desde los muelles a los canales de acceso.

La revancha de la Ciudad

Y es en este contexto que la ciudad de Buenos Aires quiere opinar y decidir. El argumento en contra fue que Buenos Aires sirve a los intereses federales, de la Nación, como si la Ciudad no pudiera gestionarlo eficientemente.

Lo que todos sospechan es que la Ciudad reflote ideas inmobiliarias, recreativas, gastronómicas y turísticas en esas tierras de altísima cotización, donde la ecuación de los contenedores ya no sea tan rentable.

No sería descabellado porque, en términos de comercio exterior, pesan más los servicios que los contenedores en el producto bruto geográfico porteño. Y los intangibles no necesitan contenedores.

Esta hipótesis pierde fuerza porque ni siquiera fue viable cuando llegó al Poder Ejecutivo un jefe de Gobierno de la Ciudad que había reclamado para la administración porteña el Puerto de Buenos Aires. Pero no hizo nada al respecto cuando pudo hacerlo.

Cambios

No obstante, estaríamos ante un cambio de época.

La ciudad le estaría planteando a la Nación la necesidad de contar con una zona franca propia, al estilo de las principales metrópolis desarrolladas, o como Montevideo mismo. En el caso uruguayo, es un enclave puro para el comercio exterior de servicios, incluido el de transbordo de cargas internacionales de los países vecinos.

Si la Ciudad cuenta con puerto propio y una zona franca, el desarrollo que podría proyectarse, con modernización administrativa y de infraestructura, ¿sólo lo goza Buenos Aires o derrama a todo el país?


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