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La Cámara Naviera Argentina le reclamó al Banco Central una audiencia “urgente” para plantear los inconvenientes que enfrentan los armadores de bandera nacional al momento de pagar al exterior el alquiler de los buques.

Es práctica habitual del transporte por agua el charteo de embarcaciones de manera temporal, muchas veces a empresas vinculadas, para prestar servicio en aguas argentinas por falta de buques de bandera argentina.

En el marco del cepo cambiario, este tipo de operaciones requieren la autorización del Banco Central para el giro de divisas en concepto del pago de servicios a entidades vinculadas del exterior.

Tiempo que no se condice

“Lamentablemente, la experiencia viene marcando que el tiempo que demanda cumplimentar con la normativa y obtener el permiso para poder concretar la remesa y cancelar la obligación no se condice con la operatoria internacional que demanda el normal desarrollo de la actividad naviera”, señaló la entidad en su carta al Banco Central.

El mismo inconveniente viene siendo planteado hace tiempo por los importadores, quienes también se enfrentan a una norma argentina que impone tiempos que la logística y el comercio exterior no pueden cumplir.

La flota mercante argentina opera bajo el régimen de la ley 27.419 (Ley de Marina Mercante), que prevé el tratamiento de bandera argentina (tripulados por argentinos) a buques extranjeros que prestan servicio por un tiempo determinado.

Veinte buques

Según la Cámara Naviera, se trata de “veinte buques de gran tamaño, todos los cuales han sido aprobados por la autoridad competente”.

Esta flota opera entre puertos argentinos, es decir, en cabotaje: es la que se encarga de abastecer con petróleo las refinerías portuarias, así como también sus derivados; los contenedores con insumos entre Buenos Aires y los puertos del sur, así como los fertilizantes, granos y otros graneles para su industrialización.

“El giro de los fondos adeudados al exterior es una condición esencial para que los buques puedan mantenerse en servicio activo, y las empresas navieras argentinas locatarias puedan seguir realizando sus actividades en el país, lo que redunda no sólo en mantener en actividad el flujo de miles de toneladas de carga que alimentan la producción y el consumo, sino también el ingreso de divisas por el cobro de servicios a clientes no residentes”, indicaron.

Registrados ante el Estado

Respecto del trámite para la autorización, recordaron que “los contratos de arrendamiento se encuentran debidamente aprobados y registrados ante el Estado, por lo que el Estado podrá verificar cuál es el flujo de divisas pagaderas bajo el alquiler”.

Asimismo, advirtieron que los contratos en cuestión operan sobre un “buque propiedad de un armador extranjero, arrendado por una empresa nacional, y que se rige por ley extranjera”, por lo que abogan por una rápida solución para “eludir inevitables e inmediatos conflictos legales internacionales” que podrían incluir a los “bancos que financian las adquisiciones y la operatoria”.

La nota lleva la firma del presidente de la Cámara, Jorge Álvarez, y está dirigida al presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, y al gerente principal de Exterior y Cambios de la entidad, Oscar Marcheletta. Idéntica copia fue remitida al ministro de Transporte, Mario Meoni.

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