La gestión de Guillermo Michel al frente de la Dirección General de Aduanas (DGA) se mantiene híper activa frente a uno de los sujetos clave de la economía nacional: las empresas que realizan importaciones de bienes e insumos para aplicar a procesos productivos.

Tras detectar que las importaciones realizadas a través de zonas francas gozaban del giro automático de divisas con la sola presentación del documento ZIF5, y solicitar al Banco Central su intercesión para aplicarles los mismos requisitos de SIMI que a las importaciones generales, ahora el organismo de control y recaudación puso la mira en los operadores que interpusieron amparos para poder operar.

Se trata de una “fiscalización masiva” a las empresas que recurrieron a la justicia para solicitar medidas cautelares y, de esa manera, poder sortear los distintos cepos administrativos y cambiarios.

Justificar

Según la Aduana, al menos 500 importadores con cautelares solicitadas “tendrán que justificar qué hicieron con la mercadería por la que invocaron urgencia para importar con aval judicial”.

De acuerdo con lo interpretado por el organismo, se intimará a aquellos que “importaron al dólar oficial” mediante cautelares judiciales, y recordó que en caso de no poder justificar la operatoria, la sanción contempla la eliminación del registro de agentes de comercio exterior.

Resulta evidente que el perfil de gestión actual de la Aduana está alineado con el cuidado extremo de las divisas. De esa manera, el mayor caudal de la gestión apuntará a descubrir inconsistencias y sobrefacturación de importaciones, en búsqueda de operaciones que se “subieron” a las importaciones como mecanismo para la fuga de dólares.

“A los importadores se les requerirá documentación relativa a la operación comercial, las transferencias de titularidad realizadas, el detalle de giros de divisas y el destino dado a la mercadería, entre otras cosas”, informaron.

Asimismo, deberán consignar si lo importado se encuentra en stock o si fue vendido y, en este caso, a qué valor de venta en el mercado interno, “y el nivel comercial de los intervinientes”.

Criterio

El temor será el carácter discrecional que podrá tener el organismo a la hora de recibir la información y ponderar sanciones.

Tal vez las empresas, guiadas por los descalabros logísticos internacionales -que incluyeron alzas históricas de fletes, dificultad para conseguir bodega e incluso contenedores- o económicos -como la inflación que registran Estados Unidos y Europa- apostaron a acumular stock.

Y bien pudieron hacer lo mismos atentos a la crisis cambiaria local o al temor de mayores restricciones futuras. Así, por motivos de cobertura, y ante un eventual rechazo a la operación solicitada ante las autoridades, recurrieron a la Justicia para poder recibir las mercaderías.

Control específico

Toda la información solicitada deberá ser respondida en un plazo de 10 días.

“En caso de incumplimiento (de la remisión de documental), su inconducta será considerada incursa en la figura prevista y penada por el artículo 994, incisos a y b del Código Aduanero, sin perjuicio asimismo de la aplicación de las sanciones contempladas en el artículo 100”, indicó la Aduana en un comunicado.

“La Aduana impondrá medidas de control específicas en las empresas que se detecten inconsistencias o incongruencias en la información proporcionada”, concluyó el organismo.