La relación entre el practicaje y el Gobierno habría comenzado a encauzarse y el sector privado y sus autoridades de aplicación estarían, lentamente, retomando el diálogo interrumpido a fines del año pasado, luego de una serie de improductivas desavenencias de forma, más que de fondo.
Prácticos y autoridades del Ministerio de Transporte iniciaron con un traspié su vínculo en la nueva administración de Cambiemos, que llegó al poder con el mandato de reducir los costos de los servicios que contrata el comercio exterior.
Las mesas de negociación se interrumpieron rápidamente. El conflicto se elevó los más altos niveles, con acusaciones públicas de cartelización de la prestación de los servicios conexos al del practicaje, y connotaciones de prácticas mafiosas. El desenlace fue una brutal ruptura relacional, con los prácticos desconociendo a las autoridades de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, por un lado, y nuevas normas reglamentarias que modifican la prestación del servicio, llegando incluso a una denuncia en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia observando las prácticas del practicaje y, por último, a una audiencia pública para que las autoridades lograran un consenso respecto de su avanzada contra los profesionales embarcados y la fijación de tarifas máximas.
Pero este desarrollo no llegó a su fin. De alguna manera, el incordio demostró ineficiencia en los resultados. Y el Ministerio de Transporte, a cargo de Guillermo Dietrich, dispuso el relevo de las autoridades directas en la materia: dejaron su cargo el subsecretario de Puertos y Vías Navegables, Jorge Metz, y Gustavo Deleersnyder quien, pese a no estar nombrado, oficiaba a cargo de la Dirección Nacional de Transporte Fluvial y Marítimo.
Mariano Saul, quien se desempeñaba como jefe de Gabinete de Gonzalo Mórtola en la Administración General de Puertos (AGP) ocupó el lugar de Metz. Fue el segundo hombre de Mórtola en desembarcar en las oficinas de Av. España: a principios de año, Martín Hagelstrom había recalado allí para comandar la Dirección Nacional de Puertos, cargo que, con la reestructuración en la Subsecretaría, se amplió al control del Vías Navegables y Control de la Hidrovía.
Fue justamente Hagelstrom quien públicamente llamó a recuperar el diálogo perdido con los prácticos, en un encuentro clave en Rosario con el ambiente de la hidrovía. Por si fuera poco, Mórtola refrendó estas palabras y destacó la absoluta importancia de mantener un relacionamiento fluido con estos profesionales, y que su consejo era indispensable a la hora de pensar grandes obras para hacer más eficiente la logística del comercio exterior.
Respuesta del practicaje
El viernes último, en Rosario, se reunieron representantes de las empresas de practicaje de todo el país en la Asamblea Anual Ordinaria donde, además de aprobar memora y balance, discutir la implementación de la nueva ley sobre limitación de la responsabilidad civil, y coordinar la puesta en marcha del plan de capacitación para prácticos de todo el país en función de la disposición A-960 de la OMI, se tocó el punto del diálogo con el Gobierno.
“Destacamos la buena relación existente con las nuevas autoridades de la Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante”, señalaron los prácticos en un comunicado donde, además, facultaron al departamento técnico de la Cámara de Actividades de Practicaje y Pilotaje “para brindar toda la colaboración y asesoramiento que sea solicitada por las autoridades“.
Para las nuevas autoridades, no obstante, los altos costos persisten en toda la cadena: puertos, remolques, amarres y servicios de practicaje. Ni lo hecho hasta ahora fue suficiente, ni fue del todo eficaz. Consenso faltó, y esta nueva camada de autoridades no estaría dispuesta a resignar acuerdos básicos en pos de un objetivo que no puede, simplemente imponerse. La política del discurso único sólo generó una unidad en un sector caracterizado por impulsos individuales. Y ese verticalismo con toques autoritarios terminó por juntar lo disperso.
Tal vez el error fue ver un problema en quienes pueden aportar una solución. En todo caso, es la comunidad marítimo-portuaria que navega las siempre bravas aguas del sistema público-privado, la que en conjunto tiene que encontrar soluciones en la esquiva política de lo posible.
