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La Argentina continúa en su derrotero de entorpecimiento al comercio internacional.

En el caso de las exportaciones, único medio válido de generar las tan necesarias divisas genuinas, al hecho de obligarse a liquidar su producido a un tipo de cambio irrisorio y aplicarse a aquellas los mundialmente abandonados derechos de exportación (vulgarmente conocidos como “retenciones”), se agrega -y extiende en el tiempo- el débil soporte jurídico para la aplicación de estos últimos.

En el caso de las importaciones, por su parte, gran parte de las cuales son insumos destinados a procesos productivos muchas veces a su vez para exportación del resultante, a la aplicación de licencias irregularmente obstaculizadas en su otorgamiento para impedir el acceso al mercado de cambios para el pago de los bienes al exterior, se agrega -y también extiende en el tiempo- el mantenimiento de una tasa por “servicio” de estadística considerada desproporcional por el sistema multilateral del comercio.

Derechos de exportación: sin soporte jurídico

Mediante el precedente “Camaronera Patagónica S.A. c/ Ministerio de Economía y otros s/ amparo”, del 15 de abril de 2014, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sentó el criterio conforme al cual resultaría válida una ley formal delegante que determine con certidumbre los elementos esenciales del tributo de que se trate o, cuanto menos, cuantifique la prestación tributaria mediante límites máximos y mínimos par su fijación.

El Congreso Nacional ha ido sentando parámetros legales para que el Poder Ejecutivo Nacional pueda fijar derechos de exportación con arreglo a aquellas pautas jurisprudenciales. El último ha sido el determinado mediante el artículo 52 del Título V de la ley 27.541, denominada de “Solidaridad y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública”.

Allí se estableció un máximo de alícuota de 33% sobre valor imponible o precio oficial para exportaciones de porotos de soja, de 15% para exportaciones de mercancías por entonces no gravadas, de 5 % para productos industriales, agroindustriales de economías regionales a definir por el Poder Ejecutivo, y de 8% para exportaciones de productos hidrocarburos y de minería con máximo de valor “boca de pozo” para los primeros.

Vencidas

Sin embargo, el plazo de vigencia de dichas facultades legalmente delegadas al Poder Ejecutivo, según la misma norma, fenecieron el pasado 31 de diciembre 2021.

En relación con el vencimiento de las facultades del Poder Ejecutivo para la fijación de dichos derechos de exportación, cabe adelantar, desde ya, que cualquier ley que en el futuro pretenda validar retroactivamente al 1º de enero de 2022 facultades similares, resultaría inválida.

Así lo ha sentado la Corte Suprema en el segundo párrafo del considerando 11º del citado precedente “Camaronera Patagónica”, al sostener que una ley carece de eficacia para convalidar retroactivamente una norma que adolece de nulidad absoluta e insanable.

Consecuentemente, los derechos de exportación abonados entre el 1º de enero del corriente año 2022 y la fecha siguiente a la publicación de una eventual futura ley delegante del Congreso que faculte al Poder Ejecutivo a fijar nuevos derechos de exportación carecen de causa válida.

Desproporcionados costos de estadística

Mediante el decreto 901 del pasado 30 de diciembre de 2021 se estableció hasta el 31 de diciembre de 2024 una alícuota de 3% para la tasa de estadística aplicable a las importaciones, con excepciones muy puntuales.

Según el tercer considerando del decreto, la medida se dictó con el fin de continuar dando cumplimiento a las obligaciones asumidas por Argentina ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre lo dispuesto en el Artículo VIII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT).

Sin embargo, lo cierto es que hace casi 24 años, mediante informe “DS56 – Argentina. Textiles y prendas de vestir” del 27 de marzo de 1998, el Órgano de Apelación de la OMC se confirmó la constatación del grupo especial conformado al efecto, en el sentido de que la tasa de 3% ad valorem por entonces aplicada por Argentina para servicios estadísticos sobre las importaciones infringía las obligaciones que corresponden al país en virtud del párrafo 1.a del artículo 8 “en la medida en que da lugar a la percepción de cargas que exceden de los costos aproximados de los servicios prestados, así como por ser una medida de carácter fiscal”.

Como consecuencia de dicho pronunciamiento, Argentina redujo sensiblemente el porcentual de la tasa de estadística a 0,5%.

Abanico de licencias

Cabe recordar, además, sólo a mayor abundamiento, que precisamente las razones aducidas para instaurar desde hace muchos años, y siguen en vigencia bajo diferentes formas y con similar fundamento, diversos sistemas de licencias de importación, estriban en finalidades estadísticas, sin perjuicio de que toda la información a brindarse al solicitar una importación en el propio documento de despacho ya resulta bastante a los mismos fines; todo ello sin mencionar los certificados de origen que desde 1996 también para ciertos supuestos se exigen con finalidades estadísticas.

No se advierte, entonces, dónde radica el supuesto equilibrio sinalagmático entre la importante tasa de 3% ad valorem que Argentina sigue percibiendo y el servicio que -aún con carácter general- en teoría presta como contraprestación de la misma.

Cabe, finalmente, recordar que es criterio de Cámara Contencioso Administrativo Federal (Causa N° 24.844/97 – “Adidas Argentina S.A. y otro c/ E.N. – Mº E Y O. S. P. DTO. 1059/96 S/ Proceso de conocimiento” y su acumulado Causa n° 8.447/97 “Fila Argentina S.A. y otros c/ E.N. – Mº E Y O. S. P DTO. 226/97 S/ Proceso de conocimiento” – CNACAF – Sala IV – 25/03/2014) la aplicación directa del GATT por parte de los tribunales nacionales, por cuanto mediante la suscripción de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados según el artículo 27 de la misma ningún país puede invocar normas de su derecho interno para incumplir un tratado internacional.


El autor es abogado, especialista en derecho aduanero y del comercio internacional