Por cada 100 pesos de renta (valor de la producción menos los costos) que genera una hectárea agrícola en la Argentina, $61,30 se destinan a impuestos.

Los datos surgen del Índice de octubre de FADA, la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina.

La medición marca una participación de los impuestos sobre la renta agrícola del 61,3% para el promedio ponderado de los cultivos de soja, maíz, trigo y girasol. Es decir, que de cada $100 de renta que genera una hectárea agrícola en nuestro país, $61,30 deben destinarse al pago de impuestos nacionales, provinciales y municipales.

El informe de los economistas de FADA distingue luego cada caso analizado: para la soja, la participación del Estado trepa a 67,7%; para el maíz, 53,4%; trigo, 50,9%; y girasol, 49,9%.

Desde la Fundación explicaron también que normalmente, el indicador se publica en septiembre, pero para evitar las distorsiones creadas por el “dólar soja” se decidió excepcionalmente postergar la publicación hasta octubre.

Bajas y subas

El Índice de octubre es 0,2% más bajo que el de junio, traccionado por una leve mejora en los rindes esperados en soja para la campaña 22/23 en base a las primeras estimaciones de la campaña gruesa.

En el caso de soja, el indicador bajó de 68,4% a 67,7%, y para el maíz, de 53,9% a 53,4%; pero en los casos del trigo y el girasol subió de 50,4% a 50,9%, y de 44,8% a 49,9%, respectivamente.

Si bien la participación porcentual de impuestos en la renta baja, la cantidad de impuestos en pesos que pagó una hectárea promedio entre la estimación de junio y octubre se incrementó.

En el caso de la soja, los impuestos nacionales que paga una hectárea pasan de $89.986 a $104.056; en maíz de $54.480 a $69.264; en trigo de $38.069 a $41.527; y en girasol bajó de $42.693 a $34.357.

Aquí queda claro que una mejora de precios o una mejora en los rindes, se traduce automáticamente en un mayor nivel de recaudación fiscal, principalmente de impuestos nacionales como derechos de exportación e impuesto a las ganancias que tiene una correlación directa con los ingresos y la rentabilidad, señala el trabajo.

Tipo de cambio y costos

Respecto de septiembre de 2021, el incremento nominal del tipo de cambio oficial fue del 51,3%, pasando de $98,21 por dólar a $148,57. En términos de tipo de cambio real, descontando los efectos de la inflación, en este período cayó un 21%.

Medido a precios de octubre de 2022, el tipo de cambio de septiembre de 2021 era el equivalente actual de $187,54; el de septiembre de 2021 era el equivalente actual de $217,97. Esto significa que el tipo de cambio se atrasó respecto de la inflación, incrementando los costos de producción al medirlos en dólares, un escenario malo para cualquier actividad exportadora.

Para ejemplificar, el costo de la siembra se encareció un 66% en dólares en los últimos dos años, mientras que los fletes se encarecieron un 88% en dólares.

“Esto sucede con todos los costos pesificados, es la consecuencia típica de los procesos de atraso cambiario, los costos en pesos comienzan a encarecerse al medirlos en dólares. Aunque en la situación actual se potencia con otro factor, el efecto del cepo importador, que encarece el precio interno de los productos importados”, señalan los economistas de FADA.

Y agregan que el cepo tiene impacto directo sobre insumos clave para labores y fletes como neumáticos, repuestos y precio de los camiones y maquinarias.

Costos dolarizados

En cuanto a los costos de insumos, los fertilizantes son los que vienen presentando mayores subas en dólares desde principios de 2021.

La urea y los nitrogenados en general han cedido levemente para terminar con un incremento del 84,9% en dólares respecto de septiembre de 2021.

Si se analiza la estructura de costos de los cultivos de acuerdo a la moneda en la que están expresados, se puede identificar que un 49% de los costos de una hectárea de soja están estrictamente dolarizados mientras que el restante 51% están pesificados.

Si se considera el costo de la tierra dentro del esquema de costos, aquellos que son dolarizados en una hectárea de soja pasan a representar el 62%.

En el caso del maíz, como los fertilizantes y semillas tienen más peso que en el caso de la soja, los costos dolarizados ascienden al 54% de la estructura, mientras que los pesificados alcanzan el 46%. Si se considera el costo de la tierra, el peso de los costos dolarizados asciende al 61%. Tanto en soja como en maíz, se evidencia un aumento en la participación de los costos pesificados como consecuencia directa del atraso cambiario.

Precios

En los últimos dos años hubo una mejora sustancial de precios internacionales, primero impulsada por la política monetaria de Estados Unidos y los principales bancos centrales del mundo, y luego por la guerra Rusia-Ucrania, con mayor impacto en el trigo y el girasol por este motivo.

Sin embargo, así como hubo una mejora de los precios internacionales, se dio una baja abrupta del tipo de cambio oficial real, lo que afecta de manera negativa la competitividad cambiaria de la producción agrícola.

Para este año se esperaba que el tipo de cambio siguiera más de cerca a la inflación, pero la tasa mensual de inflación también saltó para ubicarse en un nuevo escalón, por lo que el tipo de cambio continúa evolucionando por debajo.

Federalismo fiscal

El 61,3% de participación del Estado, está compuesto por impuestos nacionales, provinciales y municipales.

Los impuestos nacionales no coparticipables representan el 66,8% del total de impuestos que afronta una hectárea agrícola en la Argentina. La composición central de estos impuestos son los derechos de exportación, a los que se le suma el impuesto a los créditos y débitos bancarios.

Los impuestos nacionales coparticipables entre el Estado nacional y los Estados provinciales, representan el 28,2% de los impuestos medidos. Aquí tenemos principalmente el impuesto a las ganancias (neto del impuesto a los créditos y débitos) y los saldos técnicos de IVA.

Las provincias reciben parte del 28,2% como coparticipación, y también recaudan diversos impuestos.

En el Índice FADA se consideran el impuesto inmobiliario rural, el impuesto a los sellos y el impuesto a los ingresos brutos, con una alícuota reducida, ya que ni Córdoba ni Santa Fe, por ejemplo, cobran este impuesto. Así, los impuestos provinciales explican el 4,6% de los impuestos totales.

Por último, los impuestos municipales representan el 0,4% de los impuestos en el Índice FADA promedio nacional. En provincias que cobran estos impuestos, la participación es mayor. El componente central de los mismos son las tasas viales o las guías cerealeras, de acuerdo a la provincia.

Como la mayor parte de las tasas municipales y el inmobiliario rural son impuestos fijos que se actualizan a comienzos de cada año, con la devaluación suelen ir disminuyendo su participación en el total de impuestos.

Tema recurrente

Un tema recurrente en este reporte es el federalismo fiscal de un esquema donde la mayor parte de los impuestos son nacionales no coparticipables, en una actividad que por definición es federal y está arraigada regionalmente. Así, la vigencia de los derechos de exportación impacta de manera negativa sobre el federalismo por tres vías.

La primera, es que se incrementan los recursos no coparticipables en manos de Nación; la segunda, es que se reducen los recursos coparticipables por reducción del impuesto a las ganancias; la tercera, es vía los recursos que salen de las regiones productivas en el marco de la existencia de derechos de exportación.

Índices provinciales

Mientras el Índice FADA nacional es de 61,3% de presión fiscal, Córdoba registra un 61,6%, Buenos Aires 59,8%, Santa Fe 59,4%, La Pampa 60,5%, Entre Ríos 62,6% y San Luis 60,3%.

En esos resultados se conjugan los rindes, los impuestos provinciales y locales, y los fletes que generan efectos diferenciados sobre cada uno de los cultivos. Así como la participación de cada cultivo en el área sembrada de cada provincia.

En los casos de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y La Pampa, se consideran los cultivos de soja, maíz, trigo y girasol, utilizando sus participaciones en la superficie sembrada, para luego calcular los números de una hectárea promedio de cada provincia. Para el caso de San Luis, sólo se consideran soja y maíz, ya que explican el 95% del área. Para el caso de Entre Ríos, se consideran soja, maíz y trigo.


Imagen de portada: Julio César García en Pixabay