“El ente portuario refuerza su voluntad y alineamiento con el Gobierno nacional en cuanto a reducir costos portuarios recordando que el mantenimiento de la profundidad del canal representa el 60% de los costos fijos”.
Es uno de lo párrafos del comunicado que el Puerto de Bahía Blanca colgó en su web al indicar que la licitación para mantenimiento del canal de acceso y los sitios del puerto quedó desierta por falta de ofertas válidas.
La foto que acompaña el acto de apertura de los sobres es elocuente. El presidente del consorcio, Pablo Pusetto, encabezó el acto, y su semblante –como el de los que lo acompañaron– reflejaba tensión, frustración o resignación. Aunque sería especular demasiado con el lenguaje corporal.
Lo que sucedió es que ninguna de las 7 empresas que compró los pliegos (todas de primer nivel internacional y nacional) decidió ofertar.
Más allá de los motivos que cada una habrá tenido para mantenerse al margen de una obra por demás interesante en uno de los puertos más importantes de la Argentina (clave para el completamiento de la bodega
de los buques que bajan del Rosafé, clave para el ingreso de los metaneros que se acoplan al buque regasificador, clave porque es un puerto modelo por su nivel de administración) el propio consorcio justificó el presupuesto
“orientativo” de US$ 55 millones para una obra de 6 años y permitió un margen máximo de 30% por encima del monto de referencia.
La última campaña licitada fue en 2012 y procuraba la profundización y el mantenimiento. El archivo (Google) señala que el mantenimiento contratado entonces fue por 5 años.
El monto: 73 millones de dólares. Ingenuo sería ignorar que la curva de evolución de los costos en la Argentina entre 2012 y 2017 fue ascendente.
¿Por qué entonces, por el mismo trabajo, y por más tiempo (6 años en lugar de 5) la referencia propuesta para cotizar se redujo en US$ 18 millones para la misma tarea licitada en 2012? La autoridad portuaria asegura que ahora se eliminaron requisitos que encarecían los trabajos
del contratista.
Pero aún ofertando el valor orientativo de US$ 55 millones, y sumándole 30% adicional como máximo permitido, se llega a un monto de US$ 71,5 millones, inferior al pagado por una obra de 5 años (y esta vez se pedía por 6 años).
De extrapolarse aquellos valores, la cotización por 6 años arrojaría un monto superior a los US$ 87 millones.
¿Quién ofertaría sabiendo que quedaría automáticamente descartado por superar el parámetro del pliego? En línea con la baja oficial de costos, el puerto redujo la tarifa por el uso del canal.
Tal vez el pliego estaba alineado con el gobierno nacional, pero no con las condiciones del mercado. Tal vez por eso, ninguno de los 7 ofertó.
La reacción del consorcio a esta situación es fundamental. Podrá recalcular. Podrá reafirmar su “alineamiento”.
Pero no puede no avanzar en el dragado.
