Desde el miércoles 14 de noviembre rige el protocolo de verificación de mercaderías para todas las dependencias aduaneras del país, un manual que pretende “normar” los procedimientos operativos por parte de los funcionarios, según consta en la instrucción general 8-E/2018 de la Dirección General de Aduanas.

Tal como anticipó Trade News en agosto último, tras una conferencia de prensa del director de Aduanas, Diego Dávila, con ese protocolo se apunta a generar los “mecanismos sistémicos y específicos que faciliten el desarrollo del comercio internacional, sin que se vulneren los controles aduaneros y priorizando la transparencia en los procedimientos”.

Otras palabras clave que fundamentan el “manual de procedimientos” son modernización, agilización, control inteligente y el paraguas del “acuerdo de facilitación del comercio”.

Vale aclarar que la Argentina, si bien ratificó el acuerdo en cuestión impulsado primero por la Organización Mundial de Aduanas y luego formalizado por la Organización Mundial del Comercio, todavía no creó el Comité de Facilitación del Comercio, instancia demandada tras la firma.

“Es finalidad de esta instrucción general –dice Dávila– brindar pautas que deberán cumplir los funcionarios actuantes en su labor ordinaria, determinando la competencia específica de los verificadores y las relaciones con otras áreas del Organismo, así como unificar el procedimiento de verificación de mercaderías a llevar a cabo por las áreas intervinientes”.

En rigor, se pretende unificar los criterios a la hora de verificar las mercaderías y tender a minimizar la discrecionalidad personal de cada funcionario en el acto. Transparentar, en definitiva.

La instrucción no fue publicada en el Boletín Oficial, pero fue firmada electrónicamente, con fecha del 14 de noviembre, y establece en su punto F: “La presente instrucción entrará en vigencia el día de su emisión”. No obstante, Dávila instruyó su publicación en la Intranet del organismo y en la biblioteca electrónica de la AFIP, junto con un correo electrónico de AFIP Comunica.

No hubo, no obstante, mayores difusiones ni precisiones al respecto. Curioso, por tratarse el acto de discrecionalidad por parte del funcionario aduanero en el punto de control como una de las mayores quejas por parte de los operadores del comercio exterior, importadores y despachantes de aduana, principalmente.

Algunos puntos que destacan quienes tuvieron acceso al protocolo es la posibilidad de enmendar en el acto equivocaciones formales en un despacho.

Algunos puntos que critican, en tanto, es que no se les exige a los verificadores un plazo perentorio para la solución de una observación realizada o pedido de información faltante. Justamente, el reloj que comienza a correr a partir de estas situaciones es lo que aumenta los costos operativos (a veces se extienden por días la solución del tema) y da lugar a situaciones susceptibles de ser catalogadas como arreglos espurios. “Es un punto ciego normativo”, explicó una fuente a Trade News.

Otras particularidades: cuando debía verificarse un contenedor con varios bultos, los funcionarios contaban con una suerte de “clave” que indicaba los números aleatorios de los bultos por verificar. Ahora hay una cantidad mínima, un porcentaje, en función de la cantidad.

“La intención es buena, es perfectible y falta muchísimo para que se cumplan con los objetivos planteados”, resumió la fuente consultada.

Pero a algunos aduaneros le llegó por mail. A algunos. Pero no está en la Intranet, con lo cual los funcionarios no pueden “consultarlo”. Tampoco en la biblioteca electrónica de la AFIP…

Pero está vigente, y ante la duda, importadores y despachantes o quien quiera sentirse resguardado por una norma “con buenas intenciones” pero con una instrumentación que no parece muy clara, dejamos aquí los documentos.

La instrucción

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El Anexo

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2 comentarios

  • Daniel Zarucki dice:

    Estaría muy bueno qué a los verificadores y a sus superiores inmediatos, se les enseñen los requisitos esenciales del acto administrativo a la hora de formular actas de denuncia recalcando que deben motivar el acto administrativo que es eso en definitiva un acta de denuncia

    Muchas veces ponen meramente que resultó de la verificación tal posición arancelaria y que debía ser tal otra, sin fundamentar por escrito los motivos de ese reencuadre lo cual somete al administrado a un tedioso procedimiento administrativo que le insume una buena cantidad de tiempo y de costos extras hasta que la hasta que la cuestión se resuelva, sumado a ello las pocas ganas que pone el departamento de Procedimientos legales aduaneros en revisar las denuncias y desestimarlas cuando carezcan de alguno de los requisitos esenciales del acto administrativo y pese a que el código aduanero le da posibilidad de hacerlo

    Entiendo que una de las soluciones para resolver esta cuestión, sería que las denuncias pasen por un dictamen jurídico previo acerca de su entidad, tal vez instalando en áreas operativas alguien que ejerza esa función de contralor jurídico

    De ese modo, se limitaría bastante la discrecionalidad del verificador a la hora de hacer denuncias, en especial cuando son carentes de fundamento o son precariamente fundamentadas

    Tal vez sea una solución utópica la que propongo, por la posibilidad administrativa de su implementación habida cuenta que ello implicaría un gasto para el organismo, pero no deja de ser razonable, porque En definitiva lo que está en juego son las garantías del debido proceso administrativo y mal que le pese a la dirección general de aduana lo dispuesto en la ley de Procedimientos administrativos 19549 es plenamente aplicable y deberían estudiar la un poquito más dicha ley y su decreto

  • Daniel Zarucki dice:

    Y creo que debería haber sanciones más duras para los funcionarios aduaneros que denuncian ineficazmente por no decir falsamente o con precarios fundamentos

    Porque la realidad es que cuando se prueba la irrelevancia y futilidad de las denuncias, el funcionario adanero queda incólume sin reproche alguno y el administrado pese a que ganó y logró demostrar que la razón le asistía, fue una victoria pírrica, pues tuvo que soportar costos excesivos demoras y hasta en algunos casos deterioro de la mercadería o inutilidad de la misma por el tiempo transcurrido y queda una una sensación de amargura e impotencia porque nadie fiscaliza a esos funcionarios aduaneros acerca de si procedieron correctamente en la instrucción de tales denuncias

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