A partir del 1° de enero, dejarían de existir tanto la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables como la Administración General de Puertos (AGP), cuyas funciones se fusionarían en la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), de acuerdo con un proyecto de decreto presentado por el actual subsecretario, Iñaki Arreseygor, y que vería la luz en las próximas horas.
“Es una iniciativa que tiene varios meses y está en la línea de hacer más eficiente el Estado”, indicaron fuentes cercanas a la transición, con extrema cautela por tratarse de un proyecto y, por lo tanto, sujeto a modificaciones de último momento.
En rigor, sería el “paso administrativo” siguiente a la transformación que ya sufrió la AGP, al pasar de ser una sociedad del Estado a una Sociedad Anónima Unipersonal (SAU), “que es el requisito para todas las Sociedades del Estado que estableció la Ley Bases y que la AGP fue de las pocas que cumplió al momento”, señalaron.
Ejecutividad
Las fuentes del sector privado consultadas se excusaron de mayores precisiones por tratarse, justamente, de un borrador. Pero coincidieron que, en caso de definirse, va en línea con muchos de los planteos históricos: contar con un organismo más ejecutivo, autárquico, autónomo y con capacidad de definir políticas y dotar de agilidad a todos los procesos vinculados con el área.
Mientras que de AGP dependen los concesionarios de las terminales del Puerto Buenos Aires y el mantenimiento de la vía navegable troncal hasta tanto se adjudique a un nuevo concesionario, el ámbito de injerencia de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables es amplio y va desde la habilitación de los puertos hasta la extensión de los waivers para el cabotaje, pasando por el “destino” de las delegaciones y distritos de las vías navegables, con sus embarcaciones totalmente abandonadas.
Achique
A priori, se entiende que el Gobierno pretende profundizar la modernización del Estado, entendiendo por esta función la de achicarlo y que el saldo estructural cuente con altísima eficiencia. La palabra déficit debe desaparecer del nuevo diccionario oficial.
Luego, en los hechos, es también un reconocimiento a las décadas de vaciamiento que lleva sufriendo la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, con mínimo capital político y presupuestario, relegada a la firma de trámites y a la espera de que Legales de Transporte los rubrique.
También es un reconocimiento a que los cuadros técnicos permanecieron siempre en la AGP, oficina del Estado donde los sueldos superan a los de la repartición de la Av. España, y desde donde se suelen escribir los pliegos y las políticas que luego van en concepto de colaboración a la Subsecretaría (mientras se desempeñaba como autoridad).
Confesión
Con es nueva agencia, se despluma a la Subsecretaría de todo vestigio que le quedaba como autoridad portuaria nacional. Y será la ANPYN la entendida en la ley 24.093 (ley de Puertos), así como también en la ley 27.419 (Marina Mercante).
“Para cumplir con su cometido (argumenta el proyecto de decreto), la mencionada Subsecretaría acude a los servicios y la asistencia técnica de la AGP”, confiesa la norma.
“Esta situación demuestra una duplicación de esfuerzos y recursos que impacta negativamente en la eficiencia de la gestión”, comenta el texto sugerido para el decreto, amén de confesar previamente que los recursos están en la AGP, y no en la Subsecretaría.
De esta manera, los activos, recursos materiales y funciones de ambas reparticiones se trasladarían a la ANPYN, para “eliminar la burocracia innecesaria y evitar la superposición de funciones, a través de la supresión y reemplazo de los organismos y por un nuevo ente con unidad de acción y una estructura reducida, aprovechando racionalmente los recursos disponibles especializados y capacitados en sus respectivas funciones, y asegurando la continuidad y regularidad de los servicios”.
Trunco
Pero los esfuerzos por simplificar e innovar la Administración podrían, nuevamente, quedarse cortos: los puertos y las vías navegables sirven al comercio internacional principalmente, y menos al desarrollo del comercio interno.
El comercio internacional se rige bajo los mandatos de la logística en tanto disciplina o conocimiento que persigue en definitiva los mismos objetivos de la letra de la norma: agilidad, eficiencia, disminución de costos, etc.
Una nueva agencia, limitada a los puertos y las vías navegables es superadora de la estructura actual, pero ineficiente al no poder versar conocimiento y acción en los otros modos e infraestructuras que sirven al comercio internacional.
Por lo tanto, hay un objetivo escondido detrás de grandes intenciones que es achicar el Estado. Y hay un macro objetivo que queda trunco y a la espera: una Agencia de Logística Internacional, integradora de todas las prácticas que hacen al comercio internacional y superadora de una Secretaría de Transporte que sigue entendiendo en la recuperación de locomotoras y el pago del boleto de colectivo en el AMBA con el celular.
Facultades
Como fuera, la flamante Agencia tendría “facultades para coordinar, planificar y adjudicar sistemas de infraestructuras de transporte multimodal de escala en integración con el sector y la inversión privada, procurando reducir los costos logísticos totales vinculados al comercio exterior y mejorar la competitividad, a través del desarrollo de proyectos de transporte y trasbordo de carga tales como nodos intermodales, puertos secos o centros de transferencia portuarios en sus distintas modalidades”.
Es de esperar que el diálogo con otras dependencias remanentes del Estado sea fluido, porque del párrafo previo se deduce incumbencia de ARCA, de la Secretaría de Industria y de la mencionada Secretaría de Transporte.
La ANPYN, como todas las dependencias anteriores, dependerá de Luis Caputo, ministro de Economía, máxima autoridad referente del Puerto Buenos Aires (en caso de seguir bajo la órbita del Estado nacional) y de la vía navegable troncal.
