La cantidad de lecturas que se desprenden de la resolución 129/21, por la que el Gobierno “instruyó” la continuidad del contrato de concesión de las obras de mantenimiento del dragado y balizamiento a Hidrovía SA es directamente proporcional a los intereses en juego.
En apenas 4 artículos, que ocupan media página de las 7 de la resolución, se pretendió resolver “el día después” del contrato de obra pública más importante de la Argentina –de la actualidad y de los últimos 25 años– a 48 horas de su vencimiento.
La resolución instruye. El concesionario se entera así de la continuidad de su operatoria, que incluye continuar dragando y pagando sueldos al menos por 90 días.
¿Son días corridos o se presupone que son hábiles? En este caso, llegar al 1° de julio o al 10 de septiembre no es más relevante que lo que aclara, rápidamente, el segundo párrafo del artículo 1°: “Esta prestación se efectuará con carácter precario y podrá ser revocada en cualquier momento”.
Difícil interpretación
Los 90 días son un plazo de contención simbólica para los usuarios y los trabajadores: habrá dragado el 1° de mayo, habrá trabajo el 1° de mayo. Y la tranquilidad es la misma que se vive entre réplicas de terremotos. Una no transición.
Pero difícilmente sea interpretado como un guiño para el operador actual.
La primera apreciación: no se especifica que los 90 días de extensión contractual sean prorrogables. De lo contrario, debería estar explicitado.
Por lo tanto, Hidrovía SA como contratante del Estado en el dragado y balizamiento del sistema de navegación, tendría 90 días más de vida. Esto podría resolver el entuerto político y administrativo que representaba, por un lado, la necesidad de borrar de la ecuación a Emepa y a Gabriel Romero sin necesariamente tener que prescindir de la ingeniería y el conocimiento aplicado, y reconocido por todo el sistema, del dragado belga de Jan De Nul. Todo dependerá de la extraña balanza de poder del Gobierno.
En última instancia, ¿para qué aclarar que “podrá ser revocada en cualquier momento” la extensión si no se va a hacer uso de tal decisión? Los 90 días, ¿deberán ser tomados en cuenta por el concesionario para liquidar la empresa?
18 meses
La segunda apreciación: uno de los últimos actos del recientemente fallecido ministro de Transporte Mario Meoni fue firmar un acuerdo con la OCDE por 18 meses para lograr un procedimiento transparente de manera cabal.
Los 18 meses es el plazo más convenido por toda la comunidad como razonable para presentar, estudiar y “pelotear” pliegos técnicos, económicos y ambientales de las características que tiene la modernización necesaria del sistema de navegación troncal.
Por lo tanto, es dable suponer que el nuevo concesionario será adjudicado recién dentro de 18 meses.
Escenarios
Con este punto, se abren tres escenarios:
El primero: la consagración de una oleada del kirchnerismo extremo por dotar al Estado del “control total” con el cobro de peaje y hasta de las operaciones. Es el plano más voluntarista y reñido, en última instancia, con el pragmatismo que une a la alianza de Gobierno que, no obstante, nunca hace oídos sordos a los planteos ideológicos. No se puede desestimar que el senador Jorge Taiana sea el referente más visible de esta línea de acción.
El presidente Alberto Fernández ya se manifestó al respecto. “El Estado no se puede hacer cargo. Va a haber licitación”.
El segundo: pergeñar un instrumento legal -siempre en aras de lo estratégico y urgente- que permita darle continuidad a las obras de dragado a cargo de Jan De Nul, por el tiempo que lleve la nueva licitación, y abriéndole el juego a un actor nacional para las obras de balizamiento. La empresa belga no tiene cuestionamientos técnicos y todo el sistema reconoce los beneficios logrados con su intervención. Su socio local es un ancla. En agosto de 2018, Jan De Nul se desligó del testimonio dado por Gabriel Romero en la “causa de los cuadernos”.
El tercero: anticipar y materializar la transparencia pretendida abriéndole el juego a otros dragadores (los holandeses Boskalis y Van Oord, y el joint chino-belga SDC-DEME) por los 18 meses que dure la redacción final y publicación de pliegos, y la adjudicación. Todos los actores le manifestaron al Gobierno disponibilidad de equipos (y deberán garantizarlo, llegado el caso) y su posicionamiento en no menos de tres semanas. Podría ser un “test” previo a la licitación. Pero esta alternativa también debería incluir a Jan De Nul en soledad (o argumentar su exclusión).
El cuarto: dar rienda suelta a la creativa rosca política, donde “todo es posible”.
