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La conmemoración por el Día de la Industria Naval dejó en evidencias conflictos intrínsecos de todo tipo: entre gremios, entre empresas y entre cámaras con el Estado.

La matriz nació en YPF, que regularmente realiza licitaciones para el transporte fluviomarítimo de combustibles para el aprovisionamiento del interior del país. En esta oportunidad se inclinó por el armador Horamar, que planteó la construcción de nuevos remolcadores y barcazas tanque, más modernas y eficientes, que redundarán en una reducción final de los costos integrales de la operación, para la licitación que cubre el litoral fluvial (San Lorenzo-Barranqueras) a partir de enero de 2021.

Quejas generales al margen, una realidad permanece insoslayable: la marina mercante y la industria naval argentinas son más caras que las de Paraguay, que dominan ampliamente el mercado. Adicionalmente, los astilleros paraguayos gozan de financiamiento y garantías prácticamente inexistentes en la plaza local.

Conflictos cruzados

La primera reacción llegó del lado de la Cámara de la Industria Naval Argentina (CINA), que protesta la decisión de la petrolera estatal de priorizar a un armador que, pudiendo construir en el país, recurre al exterior, “en una clara desprotección de la mano de obra argentina”, según denunciaron.

Una segunda reacción se originó entre los gremios: el armador que ganó la licitación tripula sus embarcaciones con afiliados del Sindicato Obreros Marítimos Unidos (SOMU), mientras que una de las empresas descartadas, National Shipping, lo hace son SUPeH Flota, resabios ambos de la vieja flota petrolera estatal.

Por si fuera poco, ambas empresas pertenecen a cámaras empresarias distintas: Horamar domina Acaena mientras que National Shipping hace lo propio con Carba. Ambas cámaras, no obstante, son fundadoras e integrantes de la Federación de Empresas Navieras Argentinas (FENA), recientemente desmembrada tras la salida de otra de sus fundadoras, la Cámara Naviera Argentina, lo que suma una nueva incógnita al futuro de esta gremial empresaria de segundo grado.

Queja industrial

Silvia Martínez, presidenta de CINA, indicó: “Falta razón para comprender la falta de compromiso del Estado en defensa de los intereses de su propia industria, de la capacidad productiva y alta calificación de la mano de obra, profesionales, técnicos, navalpartistas y toda su cadena de valor (y en contra de) las diferencias que perjudican y nos sacan de mercado”, fustigó, con una mira lo suficientemente amplia como para responsabilizar a todos.

El discurso en defensa de lo nacional se completó con frases como que la Argentina “cuenta con astilleros capaces de construir en tiempo y forma estas unidades, generando trabajo y, fortaleciendo industrias conexas” y que “el Estado debe tener la responsabilidad de apoyar nuestro sector con verdadero gesto de acompañamiento, asumiendo el rol de dirimir asimetrías y acercar soluciones”.

“Este otorgamiento licitatorio –continuó– presenta otra anormalidad: YPF debería haber defendido a todos los actores intervinientes del proceso con reglas claras. Se presentaron al concurso varios armadores, y muchos de ellos han presentado sus ofertas con presupuestos solicitados a astilleros nacionales, situación que los coloca fuera competencia con construcciones paraguayas”.

Un empresario del sector reconoció, en off the record, que las barcazas “argentinas son de mejor calidad que las paraguayas” pero que no se puede competir “con el financiamiento que ofrecen en Paraguay”. Por otra parte, argumentó que “por la ley 27.419 (de desarrollo de la marina mercante nacional y la integración fluvial regional) el arancel es de cero (para la incorporación de buques) por 4 años a partir de la entrada en vigor de la ley”, es decir, noviembre de 2017.

Queja gremial

Por su parte, desde el Sindicato Flota Petrolera e Hidrocarburífera (SUPeH), advirtió que National Shipping (“parte integrante del emprendimiento obrero que conforma este sindicato”) licitó por un monto “muy inferior al propuesto recientemente por Horarmar” y responsabilizó al gerente ejecutivo del área Internacional y Transporte de YPF, Andrés Scarone, y al CEO de la compañía, Daniel González.

Tras un repaso por su historial, SUPeH mostró sorpresa por la “drástica decisión” de modificar el proveedor quien, además, recurriría a embarcaciones tripuladas “por el SOMU”.

“No hubo propuesta (de YPF) de vender las embarcaciones a la nueva compañía u ordenar un retiro ordenado de las actividades con el fin de evitar un impacto grave que derive en la quiebra de la querida Empresa National Shipping SA”, lamentaron.

Pérdidas

El sindicato advierte sobre la “pérdida de 100 puestos de trabajo” y la desafectación de las embarcaciones Barranqueras I, Capitán Rey II, Gran Argentino y Lázaro.

En una carta dirigida al secretario general del gremio, Antonio Cassia, la Comisión Directiva solicita su intervención alertando sobre eventuales “acciones legales (…) considerando que esta adjudicación fue hecha de forma solapada”, y gira el reclamo además a la Fempinra, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte y la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF, en inglés).

Por último, el Sindicato de la Actividad Naval Mar del Plata (Sanam), manifestó su malestar también.

“Paraguay, con otra postura tributaria, industrial y de financiamiento, directamente no da chances de competencia, y es obligación del Estado argentino defender a sus trabajadores, a su industria y no mirar para otro lado. Sin embargo, YPF en su pliego no contempla proteger mano de obra e industria local como, por ejemplo, hacen Brasil, Uruguay y todos los países que defienden su soberanía, su Patria”, indicó Walter Castro, secretario general del Sanam.

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