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La decisión del Gobierno nacional de efectuar una reserva de carga para la bandera argentina en los tráficos con el Paraguay, afectando sólo a los buques y armadores de ese país en tanto siga vigente su reserva de cargas, generó reacciones y debates de todo tipo.

Vale la pena recordar que la decisión ministerial sobrevino tras consulta y acuerdo con la Cancillería argentina, que durante más de dos años negociaron por la vía diplomática la resolución del conflicto hasta que informaron que el diálogo bilateral ya no prosperaba por una decisión política unilateral del Paraguay.

Y es preciso, nuevamente, dejar en claro que nada soluciona la medida los problemas de fondo: es una jugada política con nulas implicancias inmediatas (al menos positivas).

Mientras que desde Paraguay se manifestó una lógica sorpresa ante la decisión argentina, lo más llamativo fueron las reacciones de ex funcionarios locales, que evidenciaron una demostración palmaria de intereses políticos particulares.

Desde el Palacio San Martín calificaron como “insólito” que una decisión que defiende un interés nacional ubique en la misma vereda a defensores acérrimos del kirchnerismo y del macrismo. De hecho, ex funcionarios –de ambas administraciones– de las carteras que entienden en puertos, vías navegables y marina mercante expresaron sus opiniones criticando la decisión del gobierno nacional.

Al parecer, este ámbito es propicio para evidenciar una grieta local en la alianza de gobierno, por un lado, y de confirmar la grieta ya naturalizada de quien le toque estar en la oposición, por el otro lado.

Argumentos

Días atrás, en El Cronista, se difundió un informe adjudicado a Horacio Tettamanti y Sergio Dorrego donde exponen varios puntos para criticar la decisión oficial y “defender” como efecto neto argumentativo el statu quo.

Los ex funcionarios entienden que el acuerdo de libre navegación bilateral firmado en 1967 (ley 17.185) “en ningún caso establece el impedimento de reservar en parte o totalmente las cargas a transportar para los estados parte, incluso la Argentina sostuvo a partir de 1973, varios años después del acuerdo, la reserva del 50% de las cargas de su comercio exterior transportadas por agua mediante la ley 20.447 que fueran liberadas a fines de los años 80”.

Fuentes consultadas por Trade News, se opusieron a esta interpretación: “El acuerdo bilateral del 67 –fundamentaron– tiene como fin extender al otro país signatario los beneficios que se le otorgan a sus propios buques de bandera. Justificar que cada país imponga al otro una reserva de carga en beneficio de sus buques y contra los del socio es no comprender cuál es el fin y el objeto de este acuerdo: extender el trato nacional a los buques del otro país”.

Fuera del ámbito de aplicación

Consultados luego por la afirmación realizada por Tettamanti y Dorrego respecto de que Paraguay cumple con el Acuerdo de Transporte Fluvial por la Hidrovía Paraguay-Paraná “ya que sólo incluye en la reserva de cargas al transporte desde o hacia los puertos paraguayos con destino exterior de su ámbito de aplicación, o sea puertos argentinos y uruguayos del Río de la Plata”, los expertos consultados por este medio respondieron que esta interpretación “es otro error conceptual más grave aún que el anterior”.

Indicaron, siempre en off the record, que esta afirmación “implica desconocer completamente, por un lado, cómo se define a la carga de la Hidrovía, la cual está claramente estipulada en el Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra”.

“Las mercaderías que recorren la hidrovía –continuaron– al amparo de las normas del Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra, son definidas como carga de la Hidrovía, no importa el puerto de origen o de destino, sino en función del trato que se le da a la carga y del espacio geográfico que atraviesan. Si la carga paraguaya, ingresa en la Argentina y se beneficia del trato arancelario que ofrece el Acuerdo, es únicamente en virtud de que la autoridad aduanera argentina la acepta como carga de la Hidrovía. En cambio, si la carga ingresara por el Paraná en territorio argentino, no siendo carga de la hidrovía, debería tener tratamiento de importación, tributar impuestos y someterse al control de la Aduana argentina. De lo contrario sería contrabando”, explicaron.

Discurso y omisiones

El discurso siempre encendido de Tettamanti en defensa de la “soberanía” y en crítica de la “mal llamada hidrovía” –al tiempo que llama a “recuperar el río Paraná” para los argentinos– esconde tal vez una oportuna omisión: el río Paraná no es un río internacional ni es el océano, es un río interior que atraviesa por varios Estados que reciben y otorgan preferencias sobre la base de acuerdos internacionales oportunamente firmados.

Es muy común ver por estos días intelectuales alineados con el kirchnerismo que vuelven a hablar de gestas patrióticas como la Vuelta de Obligado, un clásico en el discurso de Tettamanti, a quien no se le puede negar no obstante su apego por lo nacional, al punto, en ocasiones, de torcer la letra de los acuerdos.

En esta caso, el acuerdo de la hidrovía establece en su artículo 3 que sus disposiciones “son aplicadas a la navegación, el comercio y el transporte de bienes y personas que comprendan la utilización de la Hidrovía”, ámbito que, recuerda, “comprende los ríos Paraguay y Paraná, incluyendo los diferentes brazos de desembocadura de este último”, desde Puerto Cáceres en Brasil hasta Nueva Palmira, en Uruguay.

Explicita no sólo la “libertad de navegación”, sino la “igualdad de tratamiento” a los demás países del brindado a las embarcaciones nacionales, con el objetivo de “crear igualdad de oportunidades”, al tiempo que elimina la “reserva de carga nacional” para las mercaderías que transiten por la hidrovía. Incluso, se especifica mediante disposición transitoria el compromiso de Paraguay de eliminar su reserva de carga, incumplimiento que diplomáticamente no se logró zanjar y que es objeto ahora de la resolución firmada por el ministro Mario Meoni.

Solución de controversias

No obstante, Tettamanti y Dorrego abonan su teoría al señalar que “si se hubieran reservado cargas paraguayas a transportarse dentro del acuerdo, la Argentina debería haberse pronunciado en el marco del protocolo adicional al acuerdo de transporte, sobre solución de controversias, adoptando los procedimientos que allí se disponen, que no se destacan en los considerandos de la resolución, por lo que se desprende que dicho procedimiento no fue cumplimentado.”

También hay oposición a este argumento de los ex funcionarios: “En primer lugar, dan por sentado que Paraguay no incumple el acuerdo (falta de comprensión sobre qué es carga de la Hidrovía). En segundo lugar, y lo que es todavía más grave, es la exhortación a recurrir al procedimiento de solución de controversias del Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra”, señalaron, tras agregar: “Si la solución hubiera sido ésta (que por varias razones no lo es), la pregunta que surge naturalmente es cómo funcionarios que ocuparon los más altos cargos de responsabilidad durante sus épocas de Gobierno, no accionaron en su momento estos mismos mecanismos que ahora proponen, a sabiendas de que los armadores argentinos estaban siendo perjudicados, como varias veces fue denunciado por el sector”.

Es decir se propone una solución que en su momento se decidió no aplicar, lo que desnuda la conveniencia política del argumento.

Reglamentación y después

Más allá de estos debates, resta ver lo más importante: la reglamentación que realizará la Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante, a cargo de Leonardo Cabrera, que deberá despejar toda duda en sus considerandos, por ejemplo, qué pasa con los transbordos en zona común o incluso con aquellos que se realizan en la hidrovía pero en enclaves como la zona franca de Villa Constitución.

Luego, sería positivo dejar en claro el mayor de los miedos: qué pasa con los transbordos, habida cuenta que la resolución se orienta a las cargas de “exportación” y, por definición, el transbordo (como el que realizan las cargas paraguayas en Puerto Buenos Aires) no es una carga con origen en la Argentina, por lo que no deberían verse afectados por esta resolución.