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El nuevo Régimen de la Navegación Marítima, Fluvial y Lacustre (Reginave) constituye un conjunto de normas reglamentarias derivadas de leyes y decretos vigentes en materia de seguridad de la navegación. 

Este compendio normativo reemplaza el Reginave de 1973 y actualiza sus regulaciones en sintonía con el Plan de Modernización del Estado Nacional (decreto 434/16) de acuerdo con las buenas prácticas en materia de simplificación (decreto 891/17).

Por medio del decreto 770/2019, en vigor desde el pasado 22 de Noviembre, el Poder Ejecutivo sancionó un nuevo Reginave que introduce cambios en los procesos administrativos de la Prefectura Naval Argentina.

Entre otros punto, los modifica hacia una gestión totalmente digital y de cruce de datos automáticos con las bases de datos de diferentes organismos de la administración pública, para que el administrado pueda realizar sus trámites a distancia.

Nuevos sujetos responsables

El régimen amplía el Registro General Matriz del Personal Terrestre de la Marina Mercante Nacional al incorporar las figuras de “Instalaciones portuarias”; “Responsable de protección de instalación portuaria”; “Representante IMSBC (Código Marítimo Internacional de Cargas Sólidas a Granel) de la instalación portuaria”, y de “Empresas de practicaje y pilotaje”.

En consecuencia, estas nuevas figuras agregadas pueden ser responsabilizadas por infracciones en actuaciones sumariales y sancionadas con apercibimiento, suspensión de hasta dos años, cancelación de la habilitación y/o multas de hasta 20.000 UM (unidades de multa, equivalente hoy a 200.000 pesos).

Valor de las multas

Las UM en el nuevo Reginave aumentan su valor de 1,5 a 10 pesos, con un sistema de actualización automática según la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec.

Además, en el nuevo título 7, se admite ahora la sanción de multa para tripulantes de buques de bandera extranjera cuando incurran en actos de negligencia profesional o en contravenciones al ordenamiento administrativo de la navegación en general, dentro de aguas de jurisdicción argentina.

Otro de los cambios importantes es que se otorga la potestad a la Prefectura Naval de exigir la rendición de fianza a los posibles buques contraventores de terceras banderas para garantizar el pago de las sanciones de multa que eventualmente se les impongan en jurisdicción argentina.

La misma dependerá del resultado del sumario, y debe rendirse previamente y como condición para el otorgamiento del despacho de salida del buque extranjero. 

Multas por derrames

Asimismo, el Reginave prevé tres niveles de mínimos y máximos de sanción administrativa de multas por derrames de hidrocarburos, y según sea la magnitud del derrame.

Abarca tanto a las plataformas off-shore como a los buques y el personal responsable de contaminación.

El primer nivel es para descargas no autorizadas de hasta 50 toneladas; el segundo, hasta 700 toneladas, y el tercero para vertimientos de más de 700 toneladas.

Tratándose de armadores o propietarios, el mínimo del primer nivel es de 1000 UM y el máximo del tercer nivel es de 3.000.000 UM (unos 30 millones de pesos).

Para el caso de los tripulantes, el mínimo del primer nivel es de 100 UM, y el máximo del tercer nivel corresponde a 300.000 UM ($ 3 millones).

Bandera paraguaya

Por otra parte, la nueva versión del Reginave regula con mayor precisión técnica la obligatoriedad de utilizar el servicio de practicaje y la facultad de los buques de bandera paraguaya de cumplimentar dicha exigencia con profesionales de su nacionalidad con las mismas condiciones que determina el ordenamiento jurídico argentino para sus propios buques, tal como lo establece el Tratado de Navegación entre la Argentina y Paraguay de 1967

A su vez, incorpora un capítulo sobre Seguridad en el Transporte de Cargas Sólidas siguiendo los lineamientos del Código IMSBC de la Organización Marítima Internacional (OMI), al tiempo que designa a la Prefectura Naval como autoridad competente en relación con su implementación.

Este Código impone parámetros mínimos para disminuir los riesgos a las personas y a los buques por peligros de incendios, corrimientos de carga y de licuefacción.

Baquía y practicaje

En relación con el servicio de baquía y practicaje, se completa la derogación del Digesto Marítimo y Fluvial (decreto 741/74) y se simplifica la normativa vigente y estableciendo un controvertido sistema de responsabilidad directa del baqueano por las consecuencias de su defectuoso asesoramiento.

Para el caso de los prácticos, remite a las regulaciones del Reglamento de Practicaje del decreto 2694/91.

Los cambios y agregados que aparecen en el nuevo Reginave sin muchos, por lo que no se debe interpretar como una enmienda, sino que estamos frente a un nuevo reglamento que aún se encuentra en etapa de prueba e implementación hasta que finalmente se consoliden sus reglamentaciones y se establezcan protocolos internos en la Administración que permitan su cumplimiento.


La autora es abogada especialista en derecho marítimo internacional