Hace menos de un mes, Arturo Rojas, presidente del Consorcio de Gestión del Puerto Quequén, firmaba con sus pares de la provincia de Buenos Aires un compromiso de integridad impulsado por la gobernadora María Eugenia Vidal.

Rubricó, con otros, su vocación por prevenir la irregularidad en la administración y detectar y denunciar hechos de corrupción. 

Debió, además, designar un colaborador de alto rango como oficial de cumplimiento del programa. 

Tiene, además, toda la ayuda de la Oficina de Fortalecimiento Institucional (OFI) para ver cómo proceder, en caso de sospechas. Puede pedir asistencia para confeccionar un protocolo o copiar manuales de compliance privados.

La mano judicial

O sencillamente puede tomar nota de la reciente decisión de la Justicia que ordenó la inhibición general de bienes de tres funcionarios que tiene a su cargo –entre otros tantos ex directores del Consorcio– por una causa que se remonta a la adjudicación directa del Sitio 0, contrariando preceptos del estatuto que prevé la licitación para las concesiones.

Es decir, si la Cámara Federal de Mar del Plata le ordena al juez en primera instancia que inició la causa que revoque su decisión y continúe con la investigación –sobre todo a partir del impulso colateral vinculado a la denuncia del fiscal Campagnoli (en la causa 26131/13 “Báez Lázaro y otros s/extorsión– e inhiba los bienes de dos de sus actuales directores y un jefe de área, no necesitaría, según el sentido común, recorrer una investigación interna administrativa como la prevista por el compromiso firmado con la Provincia. 

Sobre todo, considerando que Rojas se está postulando para intendente de Necochea –como tantos otros presidentes del consorcio portuario en el pasado– con la “Lista de la Gente”, como precandidato de “Juntos por el Cambio”, que encabeza Vidal en la gobernación. Al menos, una decisión al respecto para congraciarse con el partido…


Antencedentes

El Ministerio Público Fiscal, el 1° de noviembre de 2018, apeló el “cajoneo” que realizó el juez Bernardo Bibel, y luego el fiscal general adjunto de la Procuraduría General de la Nación, Gabriel González Da Silva, le señaló a la Cámara que debía hacerse lugar a la apelación. Días atrás, la Cámara revocó la decisión de Bibel.

La causa madre investiga el delito de cohecho del “operador K” Roberto Porcaro, sobre quien ya pesa el bloqueo total de cuentas bancarias y cajas de seguridad.

La inhibición general de bienes comandada pesa sobre el ex presidente del Consorcio, José Luis De Gregorio, y todos los miembros del Directorio que aprobaron la adjudicación directa de Sitio 0 sin licitación previa: Ignacio Rueda, Jorge Infricciolli, Tomás Martínez, Carlos Sajarne, Fernando Ciancaglini, Jorge Brisighelli y Marcelo Rodríguez Olivera.

Estos tres últimos integran el equipo actual de Rojas: Ciancaglini, como coordinador económico, está a cargo de las concesiones; Brisighelli es director en representación de los armadores, y Rodríguez Olivera es director por el Municipio y, además, gerente de asuntos jurídicos.

Es decir que sobre los alfiles en materia de concesiones (área observada en la causa) y legales pesa una orden federal de inhibición de bienes y una investigación judicial en curso. Apartarse del directorio sería un paso en línea con el compromiso de integridad firmado por Rojas.

Puerto Ciudad

Por otra parte, Rojas, quien remarca que hace “política portuaria”, ideó con su equipo –que cuenta con la alianza de Mario Goicoechea, ex presidente, ex gerente general, actual director del Consorcio, y ex candidato a intendente por el Frente para la Victoria– un programa que le permite caminar por una línea muy delgada.

El programa “Puerto Ciudad” le permite financiar, invertir y promover actividades y obras fuera del éjido portuario: deportivas, culturales, educativas, urbanísticas y turísticas, entre otras.

Por ejemplo, destinar 25 millones de pesos a la repavimentación de calles de acceso a hospitales, escuelas y jardines –obras de competencia municipal–, promocionar el “Corredor Turístico Rural” o reclamarle a la gobernadora que no cierre el Casino de Necochea.


Por lo pronto, la causa por cohecho que tiene a Porcaro como principal acusado, y sobre los que se extiende la inhibición general de bienes a tres integrantes actuales del Consorcio, tiene ya 16 cuerpos.

Y Rojas alterna el bacheo de campaña con su compromiso por la integridad en el manejo del ente público no estatal portuario más politizado de la provincia.

Dejar un comentario