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La carga impositiva que soporta el sector vitivinícola de Argentina ronda el 70%. Sí, leíste bien, esa es la realidad de uno de los “elegidos” para integrar el podio de promoción externa del país.

Con el objetivo de fomentar las exportaciones, la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) ideó un plan que le presentó al ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, como parte del llamado al diálogo, la creación de un consejo de promoción de las exportaciones a nivel nacional y a la presentación de propuestas por parte del Ministerio de Desarrollo Productivo.

La iniciativa contiene “medidas de rápida acción” y “una agenda de temas prioritarios a resolver” que incluye viejos y comunes problemas que afectan a quienes intentan operar en el comercio internacional en nuestro país: altos costos logísticos, elevada presión impositiva y escasa promoción externa de los productos argentinos.

Divisas genuinas

Exportar genera “divisas genuinas para el país”, dice Coviar en el comunicado, pero para lograrlo, resulta imperativo mejorar la competitividad de toda la cadena. Eso también está en claro.

Como economía regional, la vitivinicultura sufre una enorme presión tributaria que describe de modo claro un estudio realizado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo en 2017 y actualizado a fines del año pasado.

En el trabajo se define la carga impositiva que afecta al sector como la relación entre el total de impuestos que tributa y el excedente de explotación empresaria. Mientras en 2017 esa cifra era de 57,7%, en 2019 trepó hasta 70%.

Y la situación se agrava más si se considera a la producción primaria –advierten-, que de soportar una carga de 45% sobre el excedente en 2017 pasó a 96,9% el año pasado.

Herramientas e incentivos

La vitivinicultura argentina por calidad y reconocimiento internacional tiene todo para crecer en sus exportaciones si cuenta con las herramientas e incentivos adecuados.

La presentación que Coviar hizo al equipo económico del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación incluye cinco propuestas de rápida aplicación para aumentar las ventas al exterior:

  • Incremento de los reintegros
  • Acelerar el cobro de IVA
  • Baja de las retenciones e incentivos para acelerar el ingreso de divisas
  • Uso del derecho de exportación como crédito fiscal para el pago de Ganancias
  • Eximir a los gastos en promoción en el exterior del impuesto PAIS

“La vitivinicultura argentina tiene marca y reconocimiento internacional. Todos destacan la calidad de nuestros vinos en el mundo. Somos el mayor exportador mundial de jugo concentrado de uva y hay un potencial muy grande para el vino a granel. Las pasas y uvas tienen grandes oportunidades para crecer en nuevos mercados. Pero necesitamos incentivos y medidas concretas que mejoren el nivel de competitividad de nuestra producción en los mercados internacionales”, dijo José Alberto Zuccardi, presidente de Coviar.

Prioridades

Junto con las medidas de rápida aplicación, Coviar (organismo público-privado que gestiona y articula las acciones necesarias para cumplir con los objetivos del Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 2020), solicitó al Estado nacional que se avance en puntos críticos que frenan o afectan el desarrollo exportador de la cadena vitivinícola.

Junto con la alta presión impositiva, el sector cita los altos costos logísticos a la hora que analizar los factores que quitan competitividad a la cadena vitivinícola.

Los altos costos logísticos que quitan competitividad a la producción del oeste argentino figuran al tope del listado de prioridades.

Pero también se menciona la desventaja de la producción nacional en los principales mercados del mundo ante la falta de acuerdos comerciales, gracias a los que competidores directos como son Chile, Estados Unidos o los países de Europa, acceden con menores aranceles o directamente a tasa 0%.

Promoción

Otro de los aspectos por los que reclama Coviar es el de la promoción, al que señalan como uno de los vectores centrales que determinan la competitividad en el sector de las bebidas.

“Argentina ha realizado y realiza acciones de promoción del vino tanto a nivel del sector como a de las propias empresas. No obstante, los recursos y, por lo tanto, la potencia de las acciones, son menores en relación con los competidores más importantes que sí cuentan con recursos y apoyo estatal para la promoción de sus exportaciones”, explican.

“La vitivinicultura argentina tiene marca y reconocimiento internacional (...) pero necesitamos incentivos y medidas concretas que mejoren el nivel de competitividad de nuestra producción en los mercados internacionales”

José Alberto ZuccardiPresidente de Coviar

Punto por punto

En qué consisten las propuestas de acción:

  • Incremento de los reintegros. Un aumento en los reintegros a las exportaciones de los productos vitivinícolas que se exportan permitiría compensar los tributos internos que los exportadores pagan en las distintas etapas de producción y comercialización

En la práctica esto significa ganar competitividad exportadora a partir de una reducción compensatoria de la presión fiscal. Según la información del Observatorio Vitivinícola, unidad ejecutora de la Coviar que administra la Bolsa de Comercio de Mendoza, los productos exportables de la cadena vitivinícola nacional pagan hoy varias veces más impuestos de los reintegros que reciben.

Por ejemplo, en el caso de los reintegros a las exportaciones del vino fraccionado (de 3,25% sobre el valor FOB) se estima que el porcentaje de impuestos contenidos en el valor promedio FOB es de a 5,05%, es decir un 1,8% mayor al reintegro actual recibido. Se estima que el costo fiscal de la medida es de 2400 millones de pesos anuales. Esto representa aproximadamente el 4% de las exportaciones vitivinícolas anuales.

  • Baja de las retenciones e incentivos para acelerar el ingreso de divisas. Como economía regional, la vitivinicultura argentina necesita avanzar en un esquema de reducción y eliminación de las retenciones a las exportaciones. En paralelo, se propone aplicar un esquema de incentivos para los ingresos de divisas al país, el cual consiste en obtener una bonificación en la tasa de derechos de exportación en función al plazo registrado entre la oficialización de las exportaciones y el ingreso efectivo de las divisas. Esta herramienta permitiría al exportador negociar con un margen más amplio con los compradores del mundo mejores condiciones de pagos en cuanto a plazos.

Así, por ejemplo, si las divisas se ingresan dentro de los primeros 60 días contados desde la oficialización de la exportación, el derecho de exportación se bonifica 30%, pasando de 3 $/US$ a 2,1 $/ US$; si se ingresan entre 61 a 90 días, la bonificación es del 20% y así hasta llegar a los 180 días. De esta manera se estaría incentivando el ingreso de divisas al país, al tiempo que los exportadores tienen un incentivo específico para acelerar el ingreso.

Se estima que el costo fiscal máximo de la medida, suponiendo que todas las divisas ingresaran en los primeros 60 días, es de $900 millones por año. Esto representa aproximadamente 1% de las exportaciones vitivinícolas anuales.

  • Eximir a los gastos en promoción en el exterior del impuesto PAIS. Se solicita eximir de las operaciones alcanzadas por el impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS) creado por Ley Nº 27.541, la adquisición de bienes y/o servicios contratados en el exterior que tengan como finalidad la promoción de los productos vitivinícolas argentinos en el mundo.

Por ello se solicita que se compense el pago del impuesto PAIS aumentando el reintegro en un 1% a los establecimientos que realizan acciones de promoción en el exterior de sus productos.

Vinos argentinos en un supermercado asiático.

A nivel de cada empresa, se estima que los gastos de promoción (acciones de promoción directa en los mercados, participación en ferias, degustaciones, festivales y demás actividades de promoción, envío de muestras, recepción de invitados a las bodegas, entre otras actividades) representan aproximadamente el 5% de la facturación, por lo que si se considera que Argentina exportó vino en 2019 por alrededor de US$800 millones, los gastos de promoción se estiman en US$40 millones.

Se estima que el costo fiscal de la medida es de $60 millones anuales.

  • Uso del derecho de exportación como crédito fiscal para el pago de Ganancias. Se solicita la utilización de los Derechos de Exportación como crédito para el pago del impuesto a las Ganancias. Así, el impuesto a las Ganancias se ve afectado por la inclusión del Derecho de Exportación en el balance impositivo.

Es decir que si el incremento de recaudación que tiene el Estado por el incremento del pago de impuesto a las Ganancias es mayor que la pérdida que se produce por recaudación del derecho de exportación, la situación con uso del derecho de exportación como crédito implica una mayor recaudación que en la situación con vigencia de ambos impuestos.

  • Acelerar el cobro de IVA. Se solicita acelerar los plazos de devolución de IVA para los establecimientos vitivinícolas, llevándolo a un período promedio de 30 días. Hoy el plazo promedio de recupero del IVA es de aproximadamente 120 días.

Las empresas exportadoras, especialmente las pymes, tienen importantes saldos de IVA crédito a recuperar debido principalmente a que la cadena vitivinícola no solo exporta vino sino insumos asociados como vidrio, botellas, etiquetas, cajas y servicios, entre otros, lo que genera un importante crédito fiscal ya que prácticamente la totalidad de los insumos se adquieren en Argentina.

Se estima que en 2019 el vino aportó más de $4300 millones en impuestos, incluyendo en este valor los tributos específicos de las etapas de producción de uva, elaboración y fraccionamiento de vino hasta la salida de bodega.

El problema es que, como consecuencia de los importantes saldos de IVA y la lentitud en el recupero, se producen mayores costos. Uno de ellos es el costo financiero, erosionando la capacidad crediticia de las empresas, especialmente las pymes, y quitando la posibilidad de aplicación de fondos a inversión, empleo y capital de trabajo.

Se genera también un alto costo administrativo, ya que se deben contratar especialistas en recupero que cobran hasta el 10% del monto a recuperar, hay honorarios por inspecciones posteriores, gastos de certificaciones y tiempo y esfuerzo dedicado por la administración de la empresa a esta situación (estructuras de administración que en las pymes son limitadas). Además, el crédito fiscal al estar atado a una venta futura es de incierta recuperación y al volverse casi permanente no se cumple el principio de “neutralidad” del IVA.

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