La tentación de la brecha cambiaria llevó a tres firmas a sobrefacturar en un 500% la importación de 34.000 unidades de test de diagnóstico de Covid-19, con origen en China y procedentes de Uruguay, que ingresaron en la Argentina sin pagar derechos por ampararse en el decreto 333/2020, que extendió beneficios a las operaciones de comercio exterior de insumos sanitarios para enfrentar la pandemia.

Al margen de la maniobra ilegal, el agravante detectado por agentes especializados de la Aduana-AFIP, fue que los test venían con etiquetas apócrifas que pretendían ocultar las fechas reales de su elaboración y vencimiento: es decir, se trató de mercadería adulterada, con más de un año de vencimiento antes de ingreso en el país (lo que configura un residuo peligroso y altamente riesgoso), y operada al sólo efecto de girar divisas al valor de dólar oficial y sin pagar derechos.

Sobre la base de los datos específicos de los productos involucrados (marca, modelo, origen y número de lote), la Aduana comenzó un minucioso estudio que permitió reconstruir la ruta del material ilícito incautado.

Empresa textil

Así, se rastreó un cargamento que en 2020 había sido exportado desde la Argentina con destino a Uruguay por una empresa dedicada al rubro textil, radicada en el interior de nuestro país. En dicha exportación, los tests habían sido declarados a un valor de 2 dólares por unidad, vendidos a un presunto comprador uruguayo.

El organismo que dirige Guillermo Michel luego determinó que los mismos tests fueron exportados nuevamente por la misma firma uruguaya hacia la Argentina (es decir, un “rulo de importación”), pero ya vencidos y a un exorbitante valor de US$ 10 por unidad de “residuos nocivos para la saludo pública”, al sólo efecto de transferir al exterior 5 veces más de divisas.     

Por tratarse de mercaderías alcanzadas por una prohibición de carácter absoluto y que pueden afectar la salud pública, la Aduana presentó una denuncia ante la Justicia, donde ya interviene el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°5, a cargo del juez Diego Amarante y el fiscal Dr. Miguel Schamun.

Allanamientos

En ese marco, se ordenaron allanamientos que resultaron en el secuestro de la totalidad de los insumos médicos peligrosos, como así también documentación y equipamientos tecnológicos. Además, la Aduana ha realizado consultas al exterior mediante los convenios de intercambio de información aduanera vigentes.

A partir de las irregularidades detectadas, entonces, la Aduana ordenó una auditoría integral de las operaciones que involucran las mercancías alcanzadas por el Decreto 333/2020 (tests de covid, barbijos, guantes de látex, etc.).