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Hemos leído con atención –y no poca preocupación- el proyecto de ley y las posteriores declaraciones del Senador Kueider, sobre la creación de un nuevo organismo denominado Agencia Nacional de Sustitución de Importaciones, Valor Agregado, Tecnificación y Exportaciones (ANSI).

Mas allá del devenir de este proyecto puntual, creemos en la necesidad de contribuir aportando nuestra opinión en temas tan importantes para nuestro futuro como lo es el comercio exterior.

La sustitución de importaciones ha sido una herramienta que en la década del 60 la Cepal   formuló como una alternativa de solución para los desequilibrios que mostraba la región en su comercio exterior y funcionamiento económico.

60 años desequilibrados

En Argentina, 60 años después, ese desequilibrio en la economía -que se traduce en su comercio exterior-, se mantiene y, sin dudas, se ha profundizado. La exportación continúa siendo de bienes primarios con algún proceso de valor.

Nuestra economía continúa careciendo de una oferta de bienes de valor agregado alto y los demanda del exterior para abastecer su funcionamiento imperfecto y periférico.

La sustitución como un requisito para crecer económicamente ha mostrado un error conceptual en sus intentos de implementación.

Consenso

La generación de oferta local para sustituir bienes importados o sustituir bienes importados para garantizar la oferta local, requiere previamente de un consenso entre el Estado y el sector privado, donde el primero formule políticas públicas de desarrollo estable que sustenten y generen sinergia con una tasa de inversión importante y continua que el sector privado debe inyectar.

Hasta la fecha eso no sucede.

La historia económica de nuestro país muestra claramente que las empresas con fuerte participación estatal nunca han sido comercialmente exitosas y mucho menos generadoras de riqueza genuina.

Paralelamente, en los últimos cinco años, la formación de activos externos del sector privado no financiero ascendió a US$91.625 millones según datos del BCRA, de los cuales US$3402 millones han sido formados durante 2020, en pandemia y con restricción de acceso al mercado cambiario.

Si no resolvemos esta contradicción, no habrá salida.

Superposición de funciones

Considerar que esta realidad va a cambiar radicalmente con la creación de una agencia que reoriente la oferta de bienes locales por sobre los extranjeros, superponiendo funciones y facultades que ya existen en el Ministerio de Desarrollo Productivo y en el de Economía, proponiendo financiar su funcionamiento con un nuevo impuesto a las importaciones y sobre todo, a las exportaciones, impresiona como una iniciativa poco creativa y lúcida, y de nula eficacia.

Cuando analizamos las tareas que se le asignan al Observatorio Nacional de Seguimiento nos encontramos probablemente con el fin último de la iniciativa, y quizá se revelen allí las verdaderas intenciones:

  • Monitorear la totalidad de los productos importados, las empresas importadoras, sus costos, situación fiscal, precios, etc.
  • Monitorear los costos, calidad y diseño de los bienes y servicios de origen nacional.
  • Monitorear los precios de bienes y servicios importados.

Carga y controles sobre el sector privado

Monitorear, controlar, planificar… el trabajo y el esfuerzo del sector privado, cuando en realidad es el mismo sector privado quien más conoce el mercado, los productos y sus potencialidades para decidir qué y en qué forma producir.

El desarrollo y el progreso de Argentina y el fortalecimiento de su economía se basan en un acuerdo sólido y respetuoso entre los actores económicos y el Estado, que cambie la matriz productiva y afiance un proyecto de país libre, viable y sustentable con una producción de bienes y servicios de alto valor.

Esto es una cuenta pendiente que no se resuelve cargando con más agencias, organismos y funcionarios la ya muy golpeada espalda del sector productivo, que es por otra parte, el único y verdadero generador de riqueza genuina.


Los autores son especialistas en comercio exterior y socios de los estudios AG Comercio Exterior S.A. y Estudio Fernández Galardo S.A.