El miércoles último se reunió de urgencia el Comité Intergubernamental de la Hidrovía (CIH) en la embajada de Brasil en Buenos Aires, para tratar el tema del peaje en el tramo Santa Fe-Confluencia.
La reunión contó con la participación de las delegaciones de los cinco países que lo integran: Argentina, Paraguay, Brasil, Bolivia y Uruguay.
El principal resultado que dejó el encuentro fue continuar analizando la nueva tarifa del peaje en el tramo controversial (Santa Fe al norte) y que, hasta que no se llegue a un nuevo monto, se continuará cobrando el peaje con la misma tarifa actual: 1,47 dólar o peso por tonelada de registro neto según se trate de un tráfico internacional o cabotaje, respectivamente.
Compromiso argentino
La Argentina informó que puso a disposición una mesa técnica “para evaluar las obras y, si corresponde, redefinir el monto del peaje” para lo cual se propuso dar comienzo a esas discusiones en el marco del CIH para intentar “llegar a un acuerdo (de la nueva tarifa) en los próximos 60 días”.
Vale la pena destacar que todos los países presentes en la reunión firmaron el acta en la que se convoca a conformar una comisión de expertos para evaluar la nueva tarifa y las obras. Cada país propondrá expertos y la comisión será coordinada por Uruguay.
Por último, la delegación argentina se comprometió a discontinuar embargos e interdicciones de las embarcaciones por falta de pago del peaje por el plazo de 60 días que llevará analizar la nueva tarifa. Tampoco realizará nuevas presentaciones a la Justicia para el cobro judicial de montos de tasa de peaje mientras el tema esté en análisis y evaluación en el CIH.
Repercusiones
Ante una consulta de Trade News, el vicepresidente del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay, Esteban Dos Santos, señaló que “las delegaciones de estos 4 países (Paraguay, Uruguay, Brasil y Bolivia) vienen desarrollando una serie de acciones de análisis técnico de la documentación presentada por Argentina para coordinar las reuniones y negociaciones”.
“La tarifa de peaje fue una decisión unilateral de Argentina y no brinda ninguna contraprestación de servicio infringiendo los artículos 5 y 9 principalmente del Acuerdo de la Hidrovía. Las 4 delegaciones analizaron la documentación (presentada por la Argentina) y la rechazaron por ser considerada insuficiente para cobrar un peaje”, indicó el directivo paraguayo.
En tanto, desde el Consejo de Cargadores de la República Argentina, Ángel Padilla subrayó que “la Argentina respeta la libertad de navegación en los ríos, como lo viene haciendo desde el siglo XIX” y, en relación con el artículo 9 del Acuerdo de la Hidrovía, sostuvieron que “habla sobre la libre navegación, pero también dice claramente que sólo podrá cobrarse la tasa retributiva de los servicios efectivamente prestados a los mismos”.
“Desde 2010, cuando se extendió la concesión desde Confluencia a Santa Fe, se vienen realizando trabajos de balizamiento y dragados en ese tramo. Podríamos coincidir en que habría que analizar técnicamente si los trabajos realizados, que en diferentes oportunidades diferentes representantes privados paraguayos han confirmados que los mismos se realizaron, tanto en audiencias públicas como en entrevistas periodísticas, son beneficiosos para la navegación”, reflexionó Padilla, tras agregar que “el otro punto sería el análisis del costo de los trabajos y el valor del peaje”.
“Vemos con preocupación que desde nuestro país no se haya explicado a los países de la Cuenca del Plata y a la opinión pública en general los trabajos que se han realizado en el tramo desde el 2010, los tratados internacionales que avalan el derecho a cobrar un peaje y que han permitido que Paraguay y los otros miembros se hayan beneficiado de la inversión argentina sin pago alguna”, agregó.
-¿Cuál es la importancia del tema?
-Desde el exterior se está dando información poco clara, confusa o tergiversada sobre el peaje que nos hace quedar como los malos de la película. Argentina le dio espacio a Uruguay dejando que el puerto de Nueva Palmira, que está sobre el río Uruguay, sea puerto final del tratado, cuando debieron ser Ibicuy y Campana los puertos finales porque están sobre el río Paraná. Un regalo de nuestra diplomacia, que nos hace perder servicios a las cargas de la hidrovía.
En 2010, luego de la audiencia pública de Barranqueras se fijó el valor del peaje en US$ 0 y que el Estado argentino subsidiaría con US$ 3.125.000 mensuales los trabajos. ¿Habrá existido una nota de agradecimiento de Paraguay? En dicho proceso no se conoció ningún contacto de Paraguay o propuesta de compartir dichos gastos.
Luego, en 2014, el Ministerio de Interior y Transporte negoció con el concesionario el fin del subsidio del Estado y la suba del peaje para el tramo Santa Fe al océano manteniendo en cero el valor del peaje del tramo Confluencia-Santa Fe. Desde ese entonces, mayoritariamente el comercio exterior de Argentina está “subvencionando” el peaje en “cero” de las barcazas de los restantes miembros.
-¿Qué creen que debería hacerse?
-Se debería explicar por qué se cobra el peaje, cuales son los tratados que avalan el cobro. Detallar los trabajos realizados desde 2010 a la fecha, en dragado y balizamiento. Realizar un análisis de los costos de los trabajos y el valor del peaje. Analizar los eventos generados por prácticas de navegación inconvenientes para el uso de la víaa navegable
-En la reunión del CIH se acordó que por 60 días se suspenden las acciones judiciales pero que se seguirá facturando el peaje. ¿Qué opinan al respecto?
-Las interdicciones de embarcaciones han sido por falta de pagos y acciones judiciales, es un tema comercial. Ahora que se estableció un valor de peaje, diferente de “0”, se debería bajar el costo del peaje a los buques para el tramo Santa Fe al océano, dado que, como se señaló previamente, el peaje Santa Fe/Confluencia fue incluido conjuntamente con el peaje a los buques en 2014.
Nos preocupa que se construyan discusiones, basadas en cuestiones que están suficientemente legisladas en los acuerdos firmados por los Estados miembros y que se pretenda re-legislar los mecanismos ya establecidos pretendiendo modificar derechos argentinos que hacen a su soberanía.
