Más allá del análisis político, no puede evitarse una lectura desde el plano del comercio exterior.
Antes de las elecciones, desde el Ministerio de Transporte, se continuó con el embate contra los “costos logísticos y portuarios”, como agenda discursiva complementaria a las necesarias obras e inversión en infraestructura.
Desde Producción, se apuntaló el discurso de “facilitación” junto con la transversal acción de transparencia, cuyo foco se ajusta desde la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), por ejemplo, con sus recomendaciones sobre el practicaje.
En Aduana, en tanto, se percibía un clima tenso luego de una reunión en Casa de Gobierno, encabezada por Macri, el entonces director adjunto Diego Dávila, y quien era el segundo hasta el momento, Pierre Chapar, junto con empresarios portuarios, se “deslindara” la acción aduanera de control del narcotráfico (gesta que quedaba en manos del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich).
Luego, pasó de todo la semana última.
En primer lugar, el desafuero y posterior encarcelamiento del ex ministro de Infraestructura y diputado Julio De Vido dictado por el juez Claudio Bonadío.
Para la gestión de Cambiemos, este éxito institucional conlleva la necesidad de recalcular discursos, acciones y, por qué no, protagonistas.
Sucede que el procesamiento por los sobrecostos en la compra de GNL incluyó al agente marítimo Jorge Samarin, de Meridian, defendido por el “equipo de lujo” del ministro de Transporte Guillermo Dietrich por haber facilitado el ingreso de un inversor extranjero (Svitzer) como socio en la licitación de remolques para Enarsa “que permitió una reducción del 36%” para el Estado.
Con Samarin procesado, la apología de la baja de costos a todo costo entra en tiempos de replanteo.
Parte del relato de Cambiemos fue “personificar” en Miguel Doñate la responsabilidad por los costos del practicaje. Samarin fue quien presentó las denuncias contra Doñate en la CNDC (junto con una denuncia penal), que motivaron recomendaciones y terminaron con recusaciones de los jueces de la CNDC por el propio Doñate, tras una cautelar apelada y no respondida aún.
Doñate fue a Transporte lo que él “duranbarbismo” predica respecto de la teoría de la polarización.
El empresario, que no es práctico, fue funcional a esta teoría: impugnó la licitación ganada por Samarin (primera carta de lucha contra los sobrecostos que planteaba Dietrich) y luego, denunció a un hombre de su equipo, Gustavo Deleersnyder, director de Transporte Fluvial y Marítimo, por evasión y lavado. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas hizo propia la denuncia y la radicó en la justicia, donde duerme hace un año ya. Allí terminó de ganarse el encono del Gobierno y logró que Macri, en dos oportunidades, hiciera del “escrache K” un recurso de campaña.
Pero tras las elecciones, se activaron los mecanismos de investigación. La AFIP remitió múltiples pedidos de información de facturas y documentos equivalentes emitidos por Deleersnyder y las empresas Pïlotajes y Servicios San Pedro Telmo SA; Paraná Shipping Services SA; Paraná Delta Cooperativa de Trabajo Ltda; Cooperativa de Trabajo CPI Pilots Ltda, y Brazolargo Services SRL, entre 2008 y 2015.
En Aduana, en tanto, Gómez Centurión pagó con su puesto la gestión de Chapar y Pablo Allievi. Dávila asumió, pero con la gran ganadora electoral, Elisa Carrió, en contra: “Lo denuncié y le pedí audienica. Voy por la Aduana”, dijo Carrió. La agenda de Dávila, a priori liberada, arrancó marcada.
¿Podrá el nuevo tridente Ávila-Laurnagaray-Viramonte Noguer bailar según su propio ritmo? ¿O deberán seguir los pasos firmes pero atolondrados de Carrió?
