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Bactssa presentó semanas atrás un pedido ante la Administración General de Puertos (AGP) para prorrogar un año más su contrato de concesión. 

La AGP desestimó el pedido por improcedente. 

Bactssa tomó nota del rechazo a su planteo como el agotamiento de la vía administrativa e informó a su contratante que procederá en sede judicial con los planteos.

Promedia así el fin de una historia de 25 años en el Puerto Buenos Aires

Antecedentes

Actualmente, la empresa controlada por Hutchison Port Holdings (HPH), transita por el período de prórroga de 1 año contemplado en su contrato original licitado en 2015 (licitación 24/15) y adjudicado en 2016, que le otorgó la operación de la terminal 5 por un plazo de 4 años, con una opción de 1 año adicional. 

Dicho contrato –diferente en todo de la licitación que privatizó las terminales en 1993– finalizaba el 15 de mayo de 2020. En agosto de 2019, el interventor Gonzalo Mórtola, activó la facultad del Estado de prorrogar 1 año adicional al 15 de mayo de 2021 de común acuerdo con Bactssa.

Mientras Bactssa tenía ya asegurada una continuidad a mayo de 2021, Terminal 4 y Terminales Río de la Plata, terminaban sus operaciones el 15 de mayo pasado, luego de que el ex ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, decidiera unificar los vencimientos de los 3 operadores al 15 de mayo de 2020 para ordenar una transición administrativa en el marco de la licitación de la terminal única impulsada por el gobierno anterior.

La gestión de Gonzalo Mórtola prorrogó en dos oportunidades la apertura de los sobres. Prevista originalmente para octubre, la llevó primero a diciembre y luego al 20 de marzo de este año. 

La administración actual se encontró con un proyecto que fue rechazado por la comunidad. Anuló los pliegos y suspendió la licitación. 

Tras ordenar una revisión integral de la situación y manifestar su voluntad de ir a un esquema con dos operadores (en lugar de uno) resolvió el vencimiento de los contratos de Terminales Río de la Plata y Terminal 4 con una prórroga por dos años, hasta mayo de 2022. 

Bactssa no tuvo extensión adicional porque el pliego de 2015 preveía 4 años y ya había firmado la única prórroga prevista en el contrato: 1 año, hasta el 15 de mayo de 2021.

Desenlace

En los últimos 5 meses desde ese “mayo portuario” pasaron cosas. La avenencia de absolutamente toda la comunidad con la gestión de José Beni para lograr destrabar el conflicto duró lo que la normalidad argentina, agravada por la pandemia, permitió.

Tras ese acuerdo prácticamente histórico, las paritarias en el Puerto Buenos Aires llegaron de la mano de huelgas, tiros, destrozos e invasiones a las terminales de parte del SUPA, que agitó los viejos fantasmas del encuadre gremial. 

Aún así, política mediante, un nuevo acuerdo pacificó las aguas.

Duraría poco. 

En la prórroga firmada con Mórtola en agosto de 2019, para extender el contrato de Bactssa desde mayo 2020 por un año más, Bactssa concedía no sólo que el vencimiento finalizará el 15 de mayor de 2021, sino que se comprometía a “efectivizar con 180 días de antelación (al vencimiento) el inventario de las obras”.

Así, en agosto pasado, la AGP le pidió a Bactssa nominar a los responsables del inventariado. Bactssa cumplió. 

Pedido de prórroga

Pero prácticamente en simultáneo, la empresa dio un golpe de timón y solicitó una prórroga del plazo de concesión más allá del 15 de mayo de 2021. 

Le planteó a la AGP la necesidad de unificar su plazo con las de T4 y TRP al 15 de mayo de 2022, de acuerdo con lo dispuesto por el ministro de Transporte, Mario Meoni, en la resolución 120/2020. 

Bactssa le recordó a la AGP la necesidad de garantizar la continuidad de las operaciones del Puerto de Buenos Aires, y se amparó en el decreto 870/2018 del ex presidente Mauricio Macri, que llamó a licitación de la terminal exterior del Puerto Buenos Aires y facultó al Ministerio de Transporte a prorrogar las concesiones de las licitaciones 6/93 (terminales 1, 2, 3 y 4) y 24/15 (terminal 5) para cumplir con los plazos necesarios hasta la nueva adjudicación.

En línea con ese decreto, las administraciones de Guillermo Dietrich (resolución 256/2019) y Gonzalo Mórtola (resoluciones 61, 117 y 174/2019), respectivamente, habían aprobado los pliegos y establecieron la fecha de apertura de las ofertas para el 20 de marzo pasado.

Luego, Meoni dejaría sin efecto el el proyecto mediante la resolución 65/2020.

Decreto vigente

Bactssa, no obstante, sostuvo en su reclamo la vigencia del decreto 870/2018 (que no fue derogado) y lo sustentó además en la facultad del Ministerio de Transporte de prorrogar las concesiones,  más allá de que había ratificado con su firma que su contrato duraba hasta mayo de 2021 y sabiendo que sus competidoras firmaban una extensión hasta mayo de 2022. Lo hizo en una addenda a la prórroga de su contrato, en mayo pasado.

Le advirtió a la AGP sobre los riesgos de la interrupción de la normal operatividad en el Puerto Buenos Aires con el cese de su contrato en 2021 cuando las otras terminales continúan hasta 2022 y rechazó por discrecional los dos años concedidos a sus competidores. 

Esa argumentación puede ocultar un desliz en este caso, ya que Bactssa fue objeto en 2011 de una extensión de 3 años (36 meses) sobre la base del “ius variandi” en su contrato de 18 años de 1993. Mismo argumento fue usado para la extensión de dos años para T4 y TRP.

Fundamentos de la AGP

Para la AGP, no obstante, garantizar la “operatividad” del Puerto Buenos Aires no implica, necesariamente, garantizar la continuidad de un operador.

La AGP rechazó el pedido de Bactssa. Argumentó que el Ministerio de Transporte dejó sin efecto los pliegos licitatorios del proyecto ordenado por el decreto 870/2018. 

Para Bactssa, la vigencia del decreto 870/2018 se sostiene en el peso específico de sus considerandos (potestad de prorrogar) más allá de que el decreto hubiera quedado vacío de contenido por la anulación de los pliegos y del proyecto derivados de ese decreto.

La AGP invocó en su rechazo que Bactssa había aceptado –al firmar la adjudicación de la licitación de 2015– que el plazo de su contrato sólo podría ser “prorrogado por un período adicional de hasta 1 año sobre bases fundadas y acuerdo de partes”.

Señaló el organismo de contralor que es prerrogativa suya la extensión, y no un derecho adquirido por Bactssa, y corrige a Bactssa cuando contabiliza su plazo de contrato por 5 años (4 + 1 de prórroga) para así aplicar, sobre esta base, el 20% adicional contemplado por el “ius variandi”.

La AGP subrayó que el año adicional –que lleva el plazo hasta el 15 de mayo de 2021– es la única prórroga posible a la que podía acceder de acuerdo con el pliego firmado. 

Política

Más allá de los andariveles jurídicos, siempre subyace la política. 

Con la advertencia de Bactssa de que recurrirá a la justicia tras haber agotado la vía administrativa, la AGP por su parte repetirá la estrategia que le granjeó el éxito en su primera prueba de fuego: el consenso. 

En mayo pasado, su mayor preocupación era la estabilidad laboral. No hay indicio de que, ahora, otra sea su prioridad y, en tal sentido, comunicó a las entidades gremiales que comprometerá su empeño en esta garantía, con el formato que el devenir de los acontecimientos permita. Es decir, más allá de mayo de 2021.

Esta semana pasada, mientras circulaban presentaciones y respuestas, y los departamentos jurídicos desempolvaban reglamentos, contratos y pliegos, delegados gremiales de Bactssa tomaron la calle -encabezados por Daniel Amarante, el segundo de Guincheros- en reclamo de estabilidad laboral.

Esto enrareció el clima porque la AGP ya le había advertido a la cúpula sindical que la extensión del contrato de Bactssa, más allá de mayo 2021, era inviable.

Ictsi

Tal vez lo más importante de este caldero que comienza a levantar temperatura son las burbujas de una ebullición que aún no termina de manifestar.

Sucede que Ictsi, el actor más político de la industria portuaria argentina, no logró nunca limpiar la sangre en el ojo que mira al Puerto Buenos Aires.

Y en esta oportunidad, los siempre activos lobbistas jurídicos que representan a los filipinos se relamen con el arco libre.

Tras vender su operación a mediados de los 90 a Bactssa, al apostar en 2008 a su cierre en Buenos Aires e iniciar la desventura de TecPlata, al licitar y perder en 2015 ahora, los filipinos tienen la excusa perfecta.

Si el ministro de Transporte Mario Meoni, o cualquier autoridad con competencia, llegara a firmar una extensión de Bactssa más allá del año que prevé el pliego de concesión de 2015, Ictsi podría denunciar la irregularidad. Puede hacerlo por haber participado de la licitación. 

Por esta misma razón ya pidió vista de los expedientes, y puede sentirse envalentonado para “caranchear” la improbable extensión, alegando una discriminación o trato desigual porque, de haber sabido que las prórrogas serían constantes, tal vez hubiera echado mano a otro bolsillo para ganar la licitación; tal vez hubiera abandonado en ese entonces el puerto con más desembarcos de políticos que de buques y cargas que es TecPlata, como volvió a refrendar esta semana pasada, con alfombra roja para un nuevo contingente político.