Hace prácticamente un mes que Terminal Puerto Rosario (TPR), concesionaria de los muelles 1 y 2 del puerto santafesino, no opera por un conflicto entre la empresa y estibadores del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA).

A lo largo de las últimas semanas se sucedieron reuniones en el Ministerio de Trabajo nacional y conciliaciones obligatorias sucesivamente incumplidas. En tanto, cargadores de todo el país -desde productos de economías regionales de exportación hasta insumos importados para plantas industriales del área de influencia, entre las que se encuentra la planta de General Motors- continúan paralizadas y sin certeza de cuándo se retomarán las operaciones.

El reclamo que desencadenó el paro de actividades -apenas uno de los factores en una situación compleja para TPR que lleva años sin solución- tuvo que ver con el pedido del SUPA de reabrir paritarias y pedir un incremento salarial acorde con una inflación cercana al 100%.

Más allá del rechazo, el planteo quedó eclipsado por la decisión de la empresa de cesantear al menos una treintena de trabajadores, lo que provocó una fuerte movilización y disturbios, coronados por un paro total de actividades que en Trabajo no logran destrabar.

Y al margen de este conflicto que emergió el último mes, el concesionario arrastra conflictos sin resolución.

Recorrido

TPR es una sociedad integrada por el operador chileno Ultramar y por la argentina Vicentín. En un principio, los chilenos ingresaron con el 30% del capital accionario y se hicieron cargo de la gestión operativa, dejando al grupo empresario argentino en la parte comercial e institucional.

Mientras Vicentín estaba de parabienes, había logrado firmar un pre acuerdo con la gestión anterior para extender el contrato de TPR por 30 años a cambio de inversiones por US$ 40 millones. Luego, sucedió la debacle del grupo empresario y, con el cambio de Gobierno, las nuevas autoridades al frente del Ente Administrador Puerto Rosario (Enapro) optó por una mayor diligencia en el control del concesionario.

En principio, la infraestructura de los muelles 1 y 2 que opera TPR requieren de inversiones muy por encima de lo propuesto. Aparentemente, la empresa apostaba a que el Estado se hiciera cargo de los fondos adicionales que, por el daño estructural (agravado por la bajante del río de los últimos años) superaría los 100 millones de dólares.

Pero el Enapro además reclamó otras inversiones pactadas y no ocultó su incomodidad con el incumplimiento de obligaciones, que incluyó demoras en el pago del canon. Uno de los puntos límites que vivió el ente de control con el concesionario fue, justamente, en las últimas semanas, cuando decidió apartar del Directorio a TPR y sumó a la Bolsa de Comercio de Rosario en representación de los productores y al empresario nicoleño Juan Manuel Ondarcuhú, dueño de Servicios Portuarios, que detenta la operación del elevador de granos en el puerto rosarino.

Negociaciones

En un clima de extremo hermetismo, las negociaciones se estancan y se reactivan sólo para volver a paralizarse. En Trabajo habrían desactivado el conflicto, con la incorporación de casi la totalidad de los trabajadores despedidos, salvo de cinco estibadores. No obstante, la empresa quería dejar una cláusula que le permitiera disponer libremente de la decisión de cesantear a los estibadores reincorporados. Y así, todo vuelve a empezar, con reuniones semanales en Buenos Aires (la próxima se llevará a cabo el miércoles 4 de enero).

Fuentes cercanas al desarrollo de los acontecimientos señalan que, por un lado, el grupo chileno fue recomprando acciones a Vicentín hasta hacerse de la mitad del paquete accionario. Ultramar se niega a estar sólo en TPR, sin un grupo local que aporte riesgo también. No obstante, tampoco quiere que este conflicto escale, por la pésima imagen internacional que transmite.

En tanto, algunos opinan que Vicentín, todavía en pie pero sin la estamina política de otras épocas, busca ganar tiempo para que un nuevo signo de Gobierno le allane, nuevamente, las cosas. Otros creen que Ondarcuhú querría quedarse con parte de la operación de contenedores, algo complejo de visualizar habida cuenta de que ya está presente en la operatoria de agrograneles. Incluso trascendió que otro grupo logístico, con operaciones en fertilizantes y presencia en Villa Constitución también habría manifestado interés. Pero al poco tiempo el rumor quedó desactivado por ahora.

Ultramar quiere resolver el conflicto y desde Chile estarían designando un ejecutivo con seniority y poder de decisión. Pero también es consciente de que no necesita la cantidad de gente que tiene empleada en el puerto.

Mientras el sistema portuario argentino de contenedores consolida su evolución hacia una naturaleza “alimentadora” de puertos hub como Montevideo y Santos, la competencia por la regularidad de servicios será descarnada.

La logística internacional de las cargas, golpeada por las disrupciones de la pandemia y en una continua montaña rusa de confiabilidad en los servicios y de valores en los fletes, no deja margen para la inestabilidad política interna. Y el crecimiento que logró Rosario en la concentración de carga contenedorizada regional suma luces amarillas por la extensión de un conflicto sindical, pero también corporativo.


Imagen de portada: ON24