El ministro de Transporte Guillermo Dietrich sigue sumando enfrentamientos entre algunos empresarios. Cargó contra los servicios de remolque, prácticos, estiba y ahora, su nuevo objeto de polémica fueron los importadores: en el encuentro de AEA puso en duda la legalidad de sus actos al referirse al sistema TAP.
La Cámara de Importadores (CIRA) respondió sorprendida y con una mesura molesta por la “insólita acusación” de participar en una maniobra ilícita “en perjuicio de los asociados”.
El TAP es un seguro de cobertura integral de la cadena logística (contenedor, carga, transporte, transportista y responsabilidad civil), pero el Gobierno lo vio como un sencillo seguro al contenedor y, así, tomó cifras de mercado que convenientemente sostenían el argumento preferido de “sobrecosto logístico”.
Tras aclarar la CIRA que “no genera, convalida, coordina o participa en ninguna maniobra ilícita” reafirmó que el TAP es “absolutamente voluntario” y que la CIRA “se limita a realizar una auditoría que registra y supervisa los certificados emitidos, dando fe de que los contenedores transportados y debidamente informados por las terminales portuarias posean la cobertura por daños, robos y de responsabilidad civil por siniestros que afecten a terceros”.
La CIRA siempre auditó el sistema desde afuera, y no participó en la operatoria.
“Respecto de la competitividad del precio del TAP, el ministro olvida -o no conoce- el dictamen 894/13 de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), que rechazó la denuncia realizada por la Cámara de Exportadores que terminó archivada por la resolución 535, del 25 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Comercio por no constituir práctica ilegal alguna”, argumentó la CIRA.
Asimismo, destacó que “el 7 de noviembre de 2016 el Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo 2, Secretaría 3, ordenó una medida cautelar por la cual suspendió los efectos de la resolución de la Administración General de Puertos número 176/2016 del 29 de agosto de 2016. En virtud de la citada resolución judicial, el TAP se encuentra plenamente vigente”, y concluye en que ser acusados “de maniobras ilícitas a los participantes del mismo carece de todo fundamento. Seguiremos desarrollando nuestra defensa de la actividad importadora más allá de las posturas que nos agravien para evitar nuestra labor”.
El ministro de Transporte, que lleva adelante la colosal tarea de mejorar la pésima infraestructura del país, parece sufrir con un mandato, o imposición, de polarización política que contamina una gestión que se valida a sí misma con hechos. Crea una línea divisoria a diario, pero el tamiz de moralidad pasado a los empresarios que quedaron de su lado permite el beneficio de la duda.
